Por DANICA COTO
SAN JUAN, Puerto Rico
Agencia/AP
El gobernador de Puerto Rico sancionó hoy una ley que le permite declarar la emergencia fiscal e imponer una moratoria de deuda para prevenir el cierre de los servicios básicos del gobierno en ese territorio estadounidense.
La ley busca, en parte, proteger al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Se están agotando los fondos del banco, que otorga préstamos y supervisa las transacciones de deuda, el cual podría caer en la quiebra en medio de una crisis económica que lleva ya diez años.
Varios legisladores desistieron de los intentos de enmendar la ley para excluir algunos bonos de la moratoria, porque se agotaba el tiempo para resolver la situación del banco. Dijeron que presentarán un proyecto para atender las exenciones.
La ley permite al banco quedar bajo administración judicial en caso de necesidad.
«No aprobar el proyecto en el día de hoy pone en peligro la situación del banco», dijo a la prensa el representante Charlie Hernández tras críticas de que la medida fue aprobada apresuradamente en un momento en que tenedores de bonos había llegado a la isla para negociar una restructuración.
El banco solamente tiene 562 millones de dólares en liquidez y enfrenta un pago de 400 millones en mayo que el gobernador ha advertido muy probablemente no será hecho. La propuesta impondría una moratoria hasta enero del 2017 y protege al gobierno de demandas por impago.
Los acreedores que poseen una parte de los 70.000 millones de dólares de deuda pública rechazaron la medida y advirtieron que habrá demandas.
«Los legisladores han actuado precipitadamente al permitir que el gobernador imponga unilateralmente moratorias en los pagos de la deuda, un paso que pudiera tener consecuencias no intencionales y resultar perjudicial para los ciudadanos del territorio además de los acreedores», dijo Stephen Spencer, del banco de inversiones Houlihan Lokey, con sede en Los Angeles, que asesora a los tenedores de bonos.
El banco de fomento enfrenta ya su primera demanda, presentada el lunes por un grupo de fondos de inversiones de alto riesgo en parte para impedir el perdón de deudas.
El economista Vicente Feliciano dijo en una entrevista telefónica que la medida es necesaria incluso si existe el riesgo de que una corte la declare inconstitucional.
«La ley sencillamente da un respiro al gobierno para hacer lo que eventualmente tiene que hacer, que es reestructurar la deuda», dijo.
