Berlín
Agencia/dpa
Alemania puede hacer frente a la grave crisis de refugiados sin necesidad de recortar prestaciones a los ciudadanos o elevar los impuestos, aseguró hoy el vicecanciller alemán y ministro de Economía, Sigmar Gabriel.
Esto es posible porque el gobierno alemán mantuvo su política económica y financiera y se abstuvo de crear nuevas deudas, indicó ante los parlamentarios en el debate sobre los presupuestos generales para 2016.
La economía alemana sigue por el camino de un crecimiento sólido, recordó, al mismo tiempo que calificó de «realista» el pronóstico de crecimiento de la economía alemana, fijado por el gobierno en un 1,8 por ciento para éste y el próximo año.
Asimismo, Gabriel apeló a los empresarios a trabajar con los sindicatos y los políticos para poner en funcionamiento una iniciativa de formación para los refugiados. «Las oportunidades y los riesgos de la inmigración van de la mano».
El líder socialdemócrata reiteró la importancia de integrar rápidamente a los refugiados en el mercado laboral, lo que podría solucionar el acuciante problema de la falta de mano de obra cualificada en el país, señaló.
Hasta 2030 faltarán cerca de seis millones de trabajadores. Esto supone un peligro no sólo para las empresas, sino también para el bienestar del conjunto de la sociedad, alertó el socio de la canciller Angela Merkel.
El Instituto de Investigación Económica de Renania-Westfalia (RWI) señaló hoy, por su parte, que en base al esperado coste de acoger la gran oleada de refugiados en Alemania, el superávit del Estado germano caerá el próximo año desde los cerca de 20.000 millones de euros (22.376 millones de dólares) de 2015 hasta sólo 8.000 millones.
De acuerdo con los expertos del prestigioso instituto, el gasto destinado a los refugiados será ya este año de cerca de 10.000 millones de euros. Sin embargo, «esta es una carga a la que puede hacer frente un país rico», declaró el investigador del RWI Roland Döhrn.
El gobierno alemán acordó la madrugada del lunes un paquete de medidas para ayudar a los refugiados que incluye, entre otras cosas, elevar en 6.000 millones de euros la partida presupuestaria destinada a gestionar el que consideran como el «mayor desafío del país desde la reunificación alemana» en 1990.
