Buenos Aires,
Agencia dpa
El juez de Nueva York Thomas Griesa declaró en «desacato» a la Argentina por no cumplir la sentencia que le ordenaba abonar mil 300 millones de dólares, más intereses, a los fondos de inversión especulativos que litigaron en su contra.
Los fondos especulativos no aceptaron los recortes de deuda aplicados por Argentina en las reestructuraciones de 2005 y 2010 y reclamaron ante la Justicia de Estados Unidos el pago completo de los bonos argentinos en suspensión de pagos desde 2002 que tienen en su poder.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que «USA (Estados Unidos) como Estado es el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos, como la reciente decisión de su Poder Judicial».
La mandataria reiteró que la decisión del juez norteamericano «es violatoria del derecho internacional, de la Carta de la ONU, y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos».
«Griesa ostenta el triste récord de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado soberano por pagar una deuda luego de fracasar en su intento de obstruir la restructuración de la deuda externa de la Argentina», sostuvo Fernández de Kirchner en la red social Twitter.
La presidenta instó a Washington a aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya y ante la que denunció a Estados Unidos por violar la soberanía argentina, «para dirimir esta controversia entre ambos países».
Según la jefa de Estado, la declaración de desacato «no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina».
El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, se sumó al cuestionamiento, al aseverar que la decisión judicial «no tiene ningún tipo de razón, fundamento ni impacto», aunque «ha provocado un verdadero galimatías jurídico».
Los fondos de inversión especulativos, que Buenos Aires denomina «buitres», habían solicitado al magistrado del Distrito Sur de Manhattan que declarara a la Argentina en desacato y le aplicara una multa diaria de 50.000 dólares por incumplir la sentencia. El juez se negó sin embargo a aplicar por el momento una sanción monetaria.
El magistrado sostuvo que la Argentina «ha estado dando pasos para evadir las partes críticas del fallo del 23 de febrero» que indicó que el país debía pagarle 1.300 millones de dólares más intereses a los fondos especulativos que no ingresaron en los canjes que fueron aceptados por el 92,4 por ciento de los acreedores.
El juez consideró además que cambiar el lugar de pago fuera de los Estados Unidos es «ilegal», debido a que el gobierno de Fernández de Kirchner aprobó una ley para pagar su deuda reestructurada en Argentina y en Francia, eludiendo así a Nueva York como sede, donde el último pago fue congelado por el magistrado a la espera de que el país cumpla el fallo.
El gobierno argentino se negó a cumplir la sentencia de Griesa, al afirmar que desataría una ola de demanda del resto de los «holdouts» y del 92,4 por ciento de los acreedores que aceptaron reestructurar la deuda en 2005 y 2010, con importantes recortes.
