Buenos Aires,
Agencia dpa
«Una eventual orden de desacato (al fallo que benefició a los ‘holdouts’) la debería explicar el propio juez (Thomas Griesa), porque no corresponde a un país soberano», señaló Capitanich, quien diferenció el caso de la Argentina con «lo que podría ser el caso de una persona jurídica común que no acata un fallo».
«En este caso está en juego la inmunidad soberana del país», advirtió el jefe de ministros, quien explicó que con el nuevo proyecto de ley presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se busca «generar las condiciones para garantizar el pago del 30 de septiembre», el próximo vencimiento de deuda con los bonos reestructurados.
Unos 539 millones de dólares depositados por el gobierno argentino en el Banco de Nueva York para el pago de un vencimiento de deuda fueron congelados por la Justicia estadounidense por el incumplimiento del fallo de Griesa a favor de los fondos de inversión, que Argentina denomina «buitres». Esto hizo entrar a la Argentina en un «default técnico».
Los «holdouts» reclaman el pago del 100 por ciento de los títulos en «default» que poseen, al no haber aceptado los recortes aplicados en las reestructuraciones de 2005 y 2010 a las que adhirió el 92,6 por ciento de los acreedores.
El jefe de Gabinete remarcó que el juez Griesa «es un ariete para fulminar el proceso de reestructuración de la deuda» pública argentina y aseguró que el nuevo plan de pago soberano de títulos busca proteger a los bonistas.
«El juez debería ser neutral y generar las condiciones de negociación por medio de un ‘stay’ y así podría avanzar el proceso para abarcar al cien por ciento de los bonistas», señaló Capitanich.
Capitanich consideró «inequitativo que un grupo minúsculo de 1 por ciento, con anuencia de un juez, con interpretación errónea, equivocada e irracional, provoque un obstáculo para el cumplimiento de este compromiso» de pago al 92,4 por ciento de los acreedores de títulos en «default» que aceptaron en 2005 y 2010 la reestructuración de la deuda argentina.
El jefe de Gabinete subrayó en ese sentido que el proyecto de ley sobre el pago soberano de la deuda, que reabre el canje y cambia el lugar de pago de los bonos para evitar las trabas de la justicia estadounidense, busca «proteger» a los bonistas que accedieron a la reestructuración.
«Lo que Argentina hace es lisa y llanamente ratificar su condición de país soberano y establecer mecanismos para garantizar el pago» de la deuda reestructurada, remarcó Capitanich.
El jefe de Gabinete subrayó en ese sentido «la responsabilidad de Estados Unidos por la actuación de unos de sus poderes, que ha impedido garantizar la seguridad jurídica».
Argentina presentó una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por la violación de su soberanía a través de fallos judiciales estadounidenses.
