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A través del Decreto 21-2022 se aprobó la ampliación de Q3 mil 191 millones al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que según el gobierno será financiada con saldos de caja del Estado, por lo que no generará deuda pública; sin embargo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera lo contrario y explicó a La Hora Economía que el origen de los saldos de caja es deuda contraída el año pasado.
Según Ricardo Barrientos, economista del Icefi, los recursos de caja que se usarán para financiar la “Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica”, provienen de la deuda pública colocada en 2021, pero que no se ejecutaron.
Cabe resaltar que el pasado 10 de enero, durante una reunión de trabajo con diputados del Congreso de la República, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) indicó que el 2021 cerró con un saldo de caja equivalente a Q12 mil millones, cifra que representa Q7 mil millones más de lo presupuestado.
No obstante, Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, dijo que los Q12 mil millones son recursos ejecutables, pero sí se incluye todo lo que incorpora la cuenta de recursos que tiene el Estado, como préstamos, fideicomisos y donaciones, la cifra asciende a los Q21 mil millones.
En ese entonces, las autoridades del Minfin destacaron que el incremento en el saldo de caja fue resultado de una recaudación adicional de impuestos histórica en el 2021 por Q14,158.2 millones.
¿QUÉ SON LOS SALDOS DE CAJA?
“Cuando dicen: la fuente va a ser caja, quiere decir que se van a usar los depósitos del gobierno en el Banco de Guatemala (Banguat)”, explicó Barrientos.
¿De dónde vienen estos depósitos?, para contextualizar el experto comentó sobre el “alarde” que hicieron las autoridades en relación con la significativa cifra de saldos de caja con los que iniciaba el 2022, por Q21 mil millones, cuyo dinero, aseguran proviene de una “recaudación de impuestos histórica” que superó la meta establecida en el Presupuesto General.
“Si lo que dicen las autoridades fuera cierto de que el dinero proviene de este pago de impuestos y no de la deuda pública, requiere análisis, porque lo que hemos detectado es que en 2021 hubo una colocación excesiva de Bonos del Tesoro, porque el gobierno se endeudó de manera excesiva, contrató deuda bonificada por montos muy superiores a lo que necesitaba el gasto público, entonces el gobierno tuvo exceso de recursos por el lado de impuestos y por el lado de la deuda pública”, detalló el analista.
Agregó que aunque el gobierno dice que el Decreto 21-2022 será financiado con un saldo de caja alimentado por el excedente de impuestos, el Icefi sostiene que no es cierto porque si en el 2021 se hubiera guardado dicho excedente, significa que el gasto público se financió con la colocación de bonos, y con ello el déficit fiscal debería haber sido alrededor de Q19 mil o 20 mil millones, y no los Q7,879 que reportan las autoridades.
EUROBONO POR MIL MILLONES DE DÓLARES
En particular, Barrientos mencionó que el 30 de septiembre de 2021 el Gobierno colocó un eurobono por US$1 mil millones (unos Q7 mil 700 millones) que no fueron gastados porque “se depositaron en el Banguat y han permanecido ociosos a la fecha, cuestión que se ve reflejada en que el déficit fiscal no fue alto”.
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“Entonces los recursos de caja de los cuales el gobierno está echando mano, corresponden a deuda pública, bonos del tesoro colocados en 2021 que no se gastaron ese año, que han permanecido ociosos depositados en el Banguat y ahora van a servir para financiar esto”, en referencia a la ampliación presupuestaria del CIV, puntualizó el analista.
Q28 MILLONES MENSUALES EN INTERESES
Adicionalmente, comentó que tras el eurobono colocado el 30 de septiembre pasado, Guatemala ha estado pagando alrededor de Q28.6 millones mensuales por intereses de un dinero que no se necesitó en ese momento.
#PORTADADEHOY Icefi: Ampliación del CIV es deuda pública del 2021? [https://t.co/uWJYi0EZlU] pic.twitter.com/IQhB2Kt8FL
— Diario La Hora (@lahoragt) March 31, 2022
Recordó que Icefi advirtió en enero de este año que un “crecimiento significativo de los depósitos del Gobierno en el Banguat no es un logro a aplaudir, ya que constituye un desperdicio alarmante e inaceptable de recursos”.
BARRIENTOS: INCONSISTENCIAS EN LA LEY
Parece que la premura por parte del oficialismo en aprobar la iniciativa 6043 pasó por alto las inconsistencias, porque según Barrientos, al estudiar la ley se encuentran “errores garrafales”.
“Las tablas no suman, si usted agarra las tablas de detalle, y por ejemplo, quiere sumar cuántos kilómetros van a ser atendidos por las rutas nacionales y luego suma los presupuestos, los totales no corresponden”, explicó el economista.
Agregó que otros errores “infantiles” se presentan cuando en una ruta nacional se colocaron dos municipios de Quiché: Cunén y Uspantán como tramos del departamento de Izabal.
“Fue aprobada tan a la carrera esta Ley que ni siquiera se percataron de errores tan básicos como esos”, criticó Barrientos.
#PortadaLHEconomía
Presupuesto del CIV creció 74.51% en 5 años ?? [https://t.co/iByUeGLilI] pic.twitter.com/o8O4HUBbuO— Diario La Hora (@lahoragt) March 31, 2022
Cabe resaltar que el Decreto 21-2022 se aprobó 15 días después de su presentación, conocida como iniciativa 6043; además, el analista se cuestionó el por qué la alianza oficialista no lo propuso entre septiembre y noviembre de 2021, cuando se analizó, discutió y aprobó el presupuesto para 2022.
Asimismo, el Icefi identificó precios sobrevalorados de hasta Q370,000 por cada metro de cada tramo nuevo de construcción, así como un costo promedio de casi Q76,000 por kilómetro señalizado.
Según el experto, al analizar los datos expuestos en la Ley, hay una “sospecha bien fundamentada” de que el costo que tendría cada kilómetro de señalización y cada metro de construcción es sumamente “excesivo”.
TECHO FISCAL
Asimismo, Barrientos advirtió a la población no caer en “información confusa” del Gobierno, al asegurar que la ampliación de Q3 mil 191 millones sí será financiada con deuda pública, cuestión que tendrá un costo financiero sumamente alto para Guatemala.
De hecho, de llegar a publicarse oficialmente en el Diario de Centro América, el techo presupuestario para el ejercicio fiscal de 2022 pasaría de Q106 mil millones 229 mil a Q110 mil 315.7 millones.
#LaHoraDeActualizarnos Lanzó otra licitación para la “ampliación de la pista de aterrizaje”, para la cual recibirá ofertas el próximo 5 de abril. Aquí detalles ?
— Diario La Hora (@lahoragt) March 27, 2022