La Ley de Insolvencias (Decreto 8-2022) aprobada el martes 8 de febrero por el Congreso de la República favorecerá a personas individuales y empresas para acceso a mejores condiciones de créditos porque se reducirá el riesgo en la cartera de pagos, señaló Lisardo Bolaños, viceministro de Inversión y Competencia, del Ministerio de Economía (Mineco).
La normativa tiene como fin otorgar certeza jurídica en los procesos de insolvencia y facilitar el acceso a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, con lo cual evitaría la quiebra de las afectadas debido a deudas.
“Esto es importantísimo para el sector financiero porque podría, según análisis realizados en otros países, reducir las tasas de interés, puesto que al reducirse el riesgo de los pagos, o al generar mayor predictibilidad del proceso ante problemas, se genera una mayor disposición a reducir las tasas que antes estaban altas”, explicó Bolaños.
Agregó que la normativa tiene relevancia porque con su implementación las empresas o personas individuales que enfrentan problemas financieros tendrán una opción para solventarse, se mantendrá gran cantidad de empleos y se reducirán los riesgos para el sector financiero al tener la posibilidad de visualizar el proceso de recuperación y los mecanismos elegidos para llevarlo a cabo.
POSIBLES BENEFICIOS
De acuerdo con Comunicación Social del Congreso la nueva normativa será de gran apoyo para familias y empresas guatemaltecas que se declaran en bancarrota, tras los efectos negativos de la pandemia del COVID-19 “al crear un marco jurídico que permite una recuperación económica justa y da una segunda oportunidad sin manchar el récord crediticio y antecedentes penales del deudor”:
Según Bolaños, carecer de una ley de insolvencias representa un problema para las economías modernas, ya que la experiencia muestra que en lugares como Silicon Valley, Estados Unidos, muchos empresarios fracasan en sus primeros intentos por formar una empresa y “deben quebrar dos o tres veces hasta encontrar el modelo exitoso para crecer”.
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Soporte migrante: 30% crecieron las remesas en 2022 ?? [https://t.co/s9vtTvSDdX] pic.twitter.com/pMIJNyFiG3— Diario La Hora (@lahoragt) February 10, 2022
Otro beneficio para los deudores es que pueden limpiar su récord para el historial de empleo cuando ya no están interesados en seguir como empresarios.
“Lo que se observa es que se establece un proceso concursal y no uno penal, y eso proporciona más tranquilidad a las personas que se ven involucradas en este tipo de mecanismos, además, la Ley prevé que habrá un experto en insolvencias que acompañará el proceso”, comentó Bolaños.
ACREEDORES
En relación con los acreedores, la Ley de Insolvencias plantea tres “fortalezas principales”:
– El proceso para salir del problema financiero será más rápido y las instituciones financieras o bancarias podrán ver resultados en menos tiempo.
– Se podrán establecer planes de reestructuración en forma conjunta, en donde los acreedores no tendrán que depender en primera instancia del Sistema de Justicia.
– El administrador concursal, quien lleva a cabo el concurso de los mecanismos de la quiebra, será seleccionado por los acreedores y ello incrementará los niveles de confianza.
El Mineco deberá crear el Registro de Procesos y Administradores Concursales para inscribir a los profesionales que cumplan los requisitos y tenga autorización para asumir el rol de administrador concursal.
Bolaños agregó que cuando la Ley cobre vigencia, la cartera de Economía deberá elaborar el reglamento, crear un registro de los procesos que presenten y establecer juzgados específicos para el tema de insolvencias.
