Manifestantes colocan carteles amarillos con forma de canario frente a la secretaría de Interior británica durante una manifestación contra la propuesta de abrir una mina de carbón de coque, en el norte de Inglaterra, en Londres. Foto la hora: Alastair Grant/AP
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Gran Bretaña ha iniciado una investigación pública sobre los planes de la primera mina profunda de carbón que se abre en tres décadas en medio de quejas de que autorizar el proyecto enviaría un mensaje equivocado cuando el gobierno trata de convencer a otros países que abandonen el carbón.

El secretario de Comunidades, Robert Jenrick, al ordenar la investigación en marzo, dijo que el proyecto entraría en conflicto con la meta fijada por el gobierno de llegar a cero emisiones netas para 2050. Funcionarios del noroeste de Inglaterra autorizaron el proyecto presentado por la empresa West Cumbria Mining.

La empresa quiere extraer unas 3 millones de toneladas anuales de carbón de coque, lo que crearía 532 empleos directos y otros 1,618 en la cadena de suministros. El carbón de coque de utiliza en la producción de acero y como combustible de fábricas y usinas.

Activistas ecológicos opinan que el proyecto socavará los esfuerzos para descarbonizar la industria siderúrgica y el desarrollo de nuevas técnicas que utilizan el hidrógeno en lugar del carbón de coque.

El proyecto de West Cumbria llega en un momento difícil para el gobierno conservador del primer ministro Boris Johnson, que presiona a otros países para que abandonen gradualmente la producción de carbón al tiempo que se prepara para ser sede de la próxima cumbre climática de la ONU en Glasgow en noviembre.

«Ahora que el mundo se precipita hacia el cambio climático catastrófico, deberíamos apretar el freno, no el acelerador con más combustibles fósiles», dijo Tony Bosworth, un activista de la organización Amigos de la Tierra. «Las zonas como Cumbria deberían tomar la delantera en los planes del gobierno para transformar nuestra economía, crear nuevos empleos y construir el futuro limpio que necesitamos con urgencia».

Las cuatro semanas de investigación pública deben finalizar el 1 de octubre. A continuación, el funcionario que la dirige presentará al gobierno una recomendación de aprobar o rechazar el proyecto y Jenrick tomará la decisión final.

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