Por MARÍA VERZA
CIUDAD DE MÉXICO
Agencia (AP)
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El infierno de Olimpia Coral Melo comenzó con un click indeseado. Durante meses salir a la calle le producía tanta angustia que para visitar a su abuela, que vivía a unas cuadras, se escondía en la cajuela de un taxi.
En su pueblo de Huauchinango, una zona indígena del centro de México en el estado de Puebla, todos la conocían por un video teniendo relaciones sexuales que su pareja había subido sin su consentimiento a las redes sociales. Hasta el periódico local había hecho capturas de pantalla de la joven y las había puesto en primera plana. «Ahí estaba mi fotografía desnuda, con el encabezado en letras rojas», recordó. «Yo me dormía pidiendo a Dios que me muriera».
Siete años después, México ultima una norma federal que lleva su nombre, «Ley Olimpia», que busca combatir y castigar la violencia sexual digital, algo que la mayoría de los estados mexicanos ya hacen pero que ahora tendrá un marco nacional frente a un problema creciente que va más allá de la difusión de una foto o un video sexual y que puede implicar amenazas, extorsiones y hasta la muerte.
La ley fue aprobada este mes por el Senado y todavía debe ser avalada por la Cámara de Diputados.
Adina Barrera, investigadora mexicana y asesora de políticas públicas de género, subrayó que «la pandemia es un momento clave» para la aprobación de la ley. Por primera vez millones de personas, incluidos políticos, han comprendido que la vida virtual también es real y más de uno ha sido víctima de un descuido delante de una cámara encendida. «Eso nos permite colarnos en su agenda y exigirles», agregó Barrera.
En 2013, cuando Melo acudió al Ministerio Público en busca de ayuda, nadie le hizo caso. Las autoridades no creyeron relevante la lluvia de mensajes pornográficos y denigrantes que recibía ni se preocuparon por su estigmatización o sus pensamientos suicidas.
«Cada like (en el video) es como si te golpearan, como si te enterraran una navaja, como si te violaran sin penetrar tu cuerpo», explicó la joven.
De entrar en vigor la ley su exnovio podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión.
La norma también tipifica la violencia en los medios de comunicación y permite a los fiscales ordenar que el contenido sea bloqueado de forma inmediata, algo que antes no se recomendaba para no perder la evidencia, con lo que el daño continuaba.
Durante los meses de encierro en su pueblo, Melo empezó a recibir mensajes de otras mujeres que habían pasado por lo mismo que ella y que, además, eran cuestionadas por su familia. Su madre y su abuela, que no sabe leer ni escribir, la apoyaron. Para tranquilizarla su madre le dijo que tener sexo no era vergonzoso, que una vergüenza era robar. Eso marcó el comienzo de su lucha.
Para entonces, sólo el estado de Sinaloa había legislado contra la violencia sexual digital. En los años siguientes, Melo se embarcó en una cruzada con diversos colectivos para proteger a las mujeres y dejar claro a políticos y gobernantes que lo virtual es parte de la cultura. «La distinción es entre lo ‘offline’ y lo ‘online’, pero todo es real». Tan real como sus efectos de problemas psicológicos, desplazamientos forzados o incluso suicidios.
En un país en el que el acoso cibernético afecta a 9,4 millones de mexicanas, según el Instituto Nacional de Estadística, 29 de los 32 estados ya tienen ‘leyes Olimpia’, como se conoce genéricamente al conjunto de reformas que van desde añadir nuevos delitos a los códigos penales a modificar algunos ya existentes como el de extorsión o amenazas.
Y a diferencia de otros países como Perú, donde las leyes fueron promovidas desde el gobierno, en México se logró gracias a la presión de las mujeres, enfatizó Candy Rodríguez de Acoso.online, una plataforma latinoamericana que trata el tema.
Sin embargo, tener leyes no siempre significa que se haga justicia. Un informe del colectivo Luchadoras divulgado esta semana reveló que de las más de 2.000 investigaciones abiertas en los últimos tres años – de las cuales el 84% de las víctimas eran mujeres- sólo el 17% tuvo alguna forma de conclusión, a veces extrajudicial, apenas 24 se convirtieron en causas penales y hubo sólo cuatro condenas.
El documento alabó que los jueces de la Ciudad de México puedan emitir una orden de protección por un delito digital pero criticó que en otros lugares se siga hablando de delitos «contra la moral pública» cuando el problema no es tener sexo consentido en red sino lo que pasa después de forma no voluntaria con ese contenido.
«Podemos aplaudir que ya casi tenemos una ‘Ley Olimpia’ pero todavía nos hace falta mucho trabajo: saber hasta dónde llega esa violencia, cómo se va a investigar, cómo se trata», afirmó Barrera.
Durante la pandemia el uso global de internet creció entre el 50% y el 70%, según ONU Mujeres, y con ello aumentó la violencia de género en línea, desde las amenazas y el acoso a lo que ahora se llama «trolleo sexual», «sextorsión» y «Zoombombing», irrupciones en las reuniones virtuales.
Pero también sirvió «para organizarnos, para dar visibilidad a violencias silenciadas y ha detonado otros discursos» como que «no sirve de nada llevar a la gente a la cárcel si no hay prevención», dijo la representante de Acoso.online.
Aunque faltan datos generales, los primeros en surgir son alarmantes. La alcaldía de Buenos Aires, por ejemplo, detectó que desde que comenzó el aislamiento por el coronavirus, en marzo, las consultas por violencia de género digital se triplicaron. Según sus estadísticas, una de cada tres mujeres sufrió violencia de género en las redes sociales.
Luchadoras ha identificado hasta 13 tipos de violencia digital. «Puede haber una intervención de comunicaciones y se extraen fotos, luego una extorsión para que tus fotos no salgan y si no cedes a la extorsión se difunden, o puede haber amenazas», explicó Lulu Barrera, directora del colectivo.
Los paquetes de archivos de imágenes íntimas -conocidos como ‘packs’- pueden nutrir desde bases de datos pornográficas a redes de trata. Se abren perfiles falsos en aplicaciones de citas sexuales para que la víctima sea bombardeada a mensajes o se suplantan identidades.
Suzie Dunn, investigadora del Centro para el Derecho, la Tecnología y la Sociedad de la Universidad de Ottawa, en Canadá, enfatizó la gravedad de la situación en América Latina. «En Brasil hubo impactantes suicidios de niñas relacionados con el acoso en línea y mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos latinoamericanas han sido blanco de la violencia digital a un ritmo alarmante», alertó. A pesar de ello la respuesta de las mujeres ha sido ejemplar. «Las feministas latinoamericanas son líderes mundiales en esta lucha».
Pese a que varios países de la región han puesto en marcha policías cibernéticas, las activistas consideran que todavía hay demasiados elementos que dependen de las empresas dueñas de las redes sociales, que siguen sin lineamientos claros sobre el tema.
Erika Smith, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, una red internacional de defensa de los derechos humanos en el uso de la tecnología, aseguró que «todavía hay muchas preguntas sobre las responsabilidades de las plataformas».
«Los empresarios están más preocupados por el robo de identidad en las tarjetas (de crédito) que en la dignidad de la mujeres», se lamentó Melo.
Para contrarrestarlo, coincidieron las entrevistadas, hay que promover la educación digital.
«Si hay legislación sin programas educativos, protocolos y presupuestos las leyes tendrán menor efectividad», aseguró Smith.
