/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105
/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Marta Casaús Arzú
A pesar de los cambios que se han producido en la legislación de Guatemala y en la aplicación de algunas leyes como la de la discriminación y en algunas medidas destinadas a paliar los efectos de la discriminación étnico-racial, la persistencia del racismo aún sigue vigente y se manifiesta en los espacios interétnicos, en la justicia, en los medios de comunicación y especialmente en los espacios públicos del Estado.
El segundo episodio donde el racismo se ha exacerbado fue el que se desarrolló en torno al juicio por crímenes de deberes contra la humanidad y por violación y sometimiento de esclavitud sexual a quince mujeres maya quekchí en el destacamento de Sepur Zarco. La respuesta de las élites simbólicas y de las redes sociales fue muy similar a la que se generó en el juicio contra Ríos Montt, con comentarios como: “a saber qué habrían hecho esas indias” y “al igual que Rigoberta Menchú mintió en su libro, ellas también mienten”. Además, las ONG y las abogadas que llevaban el juicio recibieron un sinnúmero de acusaciones y amenazas. Otra vez se escucharon de manera repetida epítetos dirigidos en contra de los y las intelectuales mayas que escribían a favor de las testigos, del estilo de “todas las indígenas son resentidas, rencorosas y buscan vengarse y dividir al país, quieren de nuevo una guerra” y “no se puede probar, después de 36 años, que fueron violadas”.
Las reacciones en la prensa volvieron a dividirse entre los negacionistas y el resto de la prensa nacional que mostraba su sorpresa y una cierta incredulidad, pero no se atrevía a negar los hechos. Fueron escasos los artículos que apoyaron la sentencia. En este contexto, otra vez el racismo volvió a recrudecerse y los insultos y las descalificaciones hacia las mujeres mayas quekchí irrumpieron de forma virulenta.
El tercer brote de racismo iracundo se desató en enero de 2017, cuando las autoridades tradicionales mayas, en el marco de las reformas constitucionales de la justicia, propusieron que se apruebe el artículo 203 sobre el derecho maya y la necesidad de buscar una coexistencia entre dos sistemas jurídicos que, de hecho, vienen conviviendo desde tiempos ancestrales. Además, la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades indígenas y de sus autoridades ya estaba contemplada en el AIDIPI. Tras la propuesta, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Cámara de Comercio y las élites simbólicas y de poder desataron una campaña furibunda en la prensa en la que retomaron el viejo binomio de civilización versus barbarie. Argumentaron que “el derecho maya es atrasado, violento y, además, pretende dividir al país” y que carece de “certeza jurídica” frente al derecho oficial, que “es equilibrado, racional y unifica a la sociedad y legitima un Estado de derecho”. De nuevo vuelve a aparecer el temor a la rebelión de los indios y el fantasma del indio irredento, vengativo, cruel y resentido en todos los diarios y comentarios y, sobre todo, en las declaraciones oficiales del CACIF.1
Y yo me pregunto, ¿no fue el derecho “oficial”, es decir, el derecho positivo, el que se apropió en el siglo XIX de todas las tierras comunales de los pueblos indígenas o el que en la actualidad hace concesiones millonarias para que las compañías mineras extranjeras se adueñen del subsuelo, o el que permite que las élites continúen contaminando los ríos para montar sus hidroeléctricas o el que facilita el expolio del patrimonio cultural de los mayas? Ese derecho positivo es el que permitió que en un gobierno como el de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti se pudieran robar millones de quetzales o, lo que es peor, es ese Estado y su legislación los que permitieron las masacres y el genocidio de miles de indígenas y que años después anularon la sentencia que condenaba a algunos de los responsables. Ese es el Estado que “emite una justicia equilibrada, racional y unificadora”, pero exclusivamente para unos pocos, las oligarquías y los militares y sus intereses, y que excluye a buena parte de los ciudadanos, especialmente a los pueblos indígenas. Ese Estado es un Estado racista.
Esta ofensiva racista y racialista de las élites que se consideran blanco-criollas no es más que la reacción unánime de un núcleo oligárquico y racista, empeñado en seguir controlando el Estado y en manejarlo como si fuera su finca. Es así que frente a cualquier intento de los pueblos indígenas de hacer valer sus derechos más elementales –que ya han sido aprobados en los Acuerdos de Paz desde 1996 y que están recogidos en otros instrumentos legales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución de la República– la élite reacciona con un racismo virulento y recupera su capacidad de meter miedo al conjunto de la población con la amenaza del “fantasma del indio vengativo e irredento”.2 Actuando de una manera completamente opuesta, las autoridades mayas, con toda la serenidad y madurez del caso, retiraron el artículo 203 de las reformas constitucionales con el fin de que se aprueben todas las otras leyes necesarias para impartir una justicia autónoma. ¿Y qué pasó entonces? Una vez más, el mago de Oz dejó de tener a un interlocutor indígena al que responsabilizar de todos los males, dejó de interesarse en las reformas y las dejó tiradas o en estado de hibernación, tal como sucedió con la sentencia por genocidio contra Ríos Montt. Si eso no es racismo histórico-estructural, que venga la justicia internacional y lo juzgue.3
Un último caso, que parece anecdótico pero que no lo es, sobre todo por la reacción desmesurada que generó en las redes sociales, es la demanda interpuesta al Ministerio Público por parte de organizaciones mayas, a través de CODISRA, por el nombre de una tienda de ropa típica llamada “María Chula”, que a varias organizaciones de mujeres mayas les pareció racista, pues el nombre “María” es usado de forma despectiva y humillante para referirse a las mujeres indígenas que venden en el mercado -al igual que a los hombres se les llama Juan o José- además de quedar asociado al calificativo de “chula”. Este es un tipo de racismo encubierto y naturalizado del que los guatemaltecos y las guatemaltecas muchas veces no somos conscientes, pero que el discriminado lo padece y lo sufre.
En la demanda presentada por CODISRA, con la que coincido, se argumenta que el nombre de “María”, en ese contexto, es utilizado para anular la identidad como sujeto de las mujeres mayas al quedar todas ellas englobadas bajo un mismo nombre. El adjetivo “chula” es agregado para dar a entender que son bonitas y rebajar así el epíteto negativo. En otras palabras, este apelativo corresponde, discursivamente, a un tópico con una carga paternalista, además de comportar claramente una connotación negativa.4 El apoyo a la demanda por parte de otras mujeres mayas que han sufrido ese tipo de humillación, como la cantante maya Sara Curruchiche, la joven estudiante y artista Lucía Ixchiú o la pedagoga Delfina Mux, no se hizo esperar. Todas ellas contaron muchos ejemplos de las veces que habían sido humilladas o sufrido burlas por parte de los y las ladinas.5
Tal vez lo más llamativo, una vez más, vuelven a ser los insultos y las descalificaciones publicadas en las redes sociales a propósito de esta polémica y la cantidad de tópicos racistas esgrimidos en contra de la demanda interpuesta. En contrapartida, destacaron las voces de mujeres mayas que narraron sus experiencias negativas de agravios, descalificaciones y humillaciones de distinta índole. Antes ellas callaban, pero ahora tienen voz y expresan sus demandas en diferentes foros y a través de distintas instituciones, entre ellas CODISRA, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), las Defensorías de la Mujer y el Ministerio Público.
Destaca en este caso, además, la actitud de un periodista conocido por sus tópicos y actos de habla racistas durante el juicio. Este señor niega o se mofa del hecho de la denuncia al proclamarse como no racista y expresar su temor de que, por esa regla de tres, cualquiera puede terminar en la cárcel por comentarios de esa índole. Dice así: “[el] caso es un despropósito, una farsa y una preocupante manipulación. Espero que no tachen de racista o discriminadora esta columna de opinión y me exijan disculpas bajo el irrefutable argumento de que mi subconsciente es racista sin que yo lo sepa”.6 Resulta una burla su argumento de desconocimiento de sus propias posiciones, expresadas a lo largo de muchos años, sobre todo en sus columnas durante los juicios por genocidio y crímenes de lesa humanidad.7
La realidad es que muchos ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas no quieren darse cuenta de que en Guatemala las cosas están cambiando y que ahora la ley se aplica para todos de la misma manera. Ya no solo van a la cárcel los más débiles o los que roban una gallina, sino que también se empieza a condenar a militares, presidentes, ministros y miembros de las élites económicas que nunca habían sido tocados. Esto los asusta porque por primera vez en el país las leyes se están aplicando para todos por igual y aquellos que crearon las instituciones del Estado y las leyes también están siendo juzgados por ellas. Algunos casos paradigmáticos son los del presidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta y buena parte de su equipo o el escándalo del ex ministro Alejandro Sinibaldi y sus allegados. Todo ello nos permite pensar que Guatemala va avanzando en materia de corrupción, de impunidad y también de lucha contra el racismo, aunque falta mucho por andar.
Podríamos continuar abundando en otros casos sangrantes, como la discriminación de las mujeres mayas por ir vestidas con su traje original, como fue el caso emblemático de Irma Alicia Velásquez, o la falta de igualdad de oportunidades para las mujeres mayas intelectuales y docentes de la Universidad de San Carlos, que han expresado en múltiples ocasiones sus demandas ante los medios, y un sinfín de otros casos que nos remiten a la conclusión de que el racismo sigue siendo una lacra para la sociedad guatemalteca y que el Estado de Guatemala sigue operando con una lógica racista y racialista, tal y como se relata en el artículo “El racismo: un enemigo difícil de combatir”, aparecido en elPeriódico.8
Este racismo se expresa no solo en los aspectos políticos o sociales y en las prácticas racistas, sino también en la discriminación económica y, lo que es aún más serio, en la negación de oportunidades a los pueblos indígenas en el ámbito de la salud, la educación, la vivienda, la seguridad alimentaria y la igualdad en el acceso a los escasos beneficios suministrados por el Estado. Como prueba de ello nos referimos al último informe del Instituto Centroamericano de Informes Fiscales (ICEFI), que cuestiona directamente al Estado de Guatemala por operar con un criterio de discriminación económica contra los pueblos indígenas al comprobar que el Estado invierte solo 2.2 % del PIB en comunidades indígenas frente al 6.5 % invertido en comunidades no indígenas. De los 42 mil 623 millones de quetzales que el Estado invierte en la población, solo 10 mil 646 millones están destinados a la población indígena.9 Estas políticas públicas discriminatorias ya las habíamos denunciado en el Diagnóstico sobre el racismo, específicamente en los capítulos de Wilson Romero y Sandra Sanz de Tejada,10 donde quedaron consignadas las grandes desigualdades de acceso y de oportunidades existentes entre la población indígena y la no indígena en materia de salud y educación, así como el enorme costo que la discriminación económica tiene para el conjunto de la población y, en general, para la economía del país.
A pesar de todo, de los últimos brotes racistas y de aquellos que se avecinan junto con el recrudecimiento de las ideologías trasnochadas sobre la supremacía blanca en otros países, creo que nos encontramos en una tesitura favorable para lograr un proceso de toma de conciencia de la ciudadanía ante tanto atropello e impunidad. Creo que la sociedad guatemalteca es más sensible y más abierta que en el pasado y que los pueblos indígenas han encontrado canales mediáticos e institucionales para hacer oír su voz y hacer valer sus derechos. También opino que cierto grupo de empresarios ha tomado conciencia de que ya no se puede volver a la situación del pasado y que tienen que abrirse nuevos cauces de respeto y de diálogo con los pueblos indígenas y sus comunidades. Pero, sobre todo, alienta el hecho de que el Estado y algunas de sus instituciones, entre ellas la justicia, hayan demostrado su firme voluntad de hacer cumplir la ley y escuchar las demandas del conjunto de la población. Este lento proceso de “pluralización del Estado”, o al menos de algunas de sus instituciones, permite pensar que el Estado racista, homogéneo y monoétnico empieza a desmoronarse, a pesar de que algunas élites de poder y mediáticas se sigan resistiendo al cambio. Parafraseando a Galileo Galilei: “a pesar de todo y de algunos, la tierra se mueve”.
Quiero terminar citando un fragmento de un gran literato guatemalteco, Eduardo Halfon, por su fuerza, claridad y belleza retórica, al que le pedimos que nos hiciera un ensayo sobre el racismo, que creo refleja muy bien esa naturalización del racismo, ese racismo encubierto que aún no queremos reconocer, razón por la cual resulta indispensable que continuemos haciendo hincapié en ello:
[…] el racismo es como la tos, no se puede ocultar. Emerge porque existe suprimido y lo suprimido generalmente emerge de una manera impulsiva y súbita y muy violenta y camuflada siempre en las palabras, en el lenguaje, en los chistes y en las bromas. Nos delatamos en el lenguaje. Allí desenmascaramos la realidad que tanto deseamos esconder, que enfáticamente tratamos de negar. Si el lenguaje es la casa del ser, como proponía el filósofo alemán Martín Heidegger, la casa del guatemalteco está fundida sobre la discriminación y cimentada sobre el racismo y en cualquier momento tiembla un poquito y se desmorona sobre todos. El lenguaje coloquial del guatemalteco, sus expresiones y dichos y en especial sus chistes y bromas, es un lenguaje ardientemente racista, siendo el indígena y la cultura del indígena los blancos fáciles para desembocar todo el suprimido odio racial (Halfon, 2007: 56).11
1 Opiniones como que el derecho maya es de un “racismo retrógrado que lo que quiere es dividir al Estado y a la Constitución” o que no puede existir el derecho maya porque “los mayas no existen, solo los indios que no tienen cultura ni civilización”, hasta las versadas en un artículo de Martín Banus sobre “el indio feo y sucio”, que no solo no tiene derecho ni educación, sino que además es un depredador por naturaleza (en línea: https://lahora.gt/el-indigena-feo/).
2 El comentario de un individuo sobre las reformas constitucionales en el Prensa Libre del día 15 de febrero de 2017 en relación con el pluralismo jurídico no tiene desperdicio. Dice: “Las autoridades mayas quieren el pluralismo jurídico para poder abusar de la ley y terminar con el Estado de derecho. No se les puede permitir porque con ello lo que se garantiza es la impunidad y la violación de los derechos humanos” y termina: “INSTO A LOS DIPUTADOS A LEGISLAR CON EL FIN DE HACER PATRIA, Y NO PARA TERMINARLA DE DESTRUIRLA, que es lo que realmente pretenden esos desgraciados que se rasgan el pecho en defensa del derecho indígena”.
3 Sobre la respuesta de las elites intelectuales mayas a la ofensiva y discurso racista de las elites de poder y simbólicas véanse los siguientes artículos: Sara Mux y Tik Naoj, “El pluralismo jurídico en Guatemala”, Brújula, 25 de enero de 2017; Itzamná Ollantay, “Desafíos del pluralismo jurídico en la Guatemala multicultural”, TeleSur, 17 de octubre de 2016, y especialmente los artículos de Gladys Tzul, “Autoridades indígenas, no venimos a limosnear””, “El derecho indígena no está en crisis, el ordinario sí”, así como el excelente artículo de Diego Vásquez Monterroso, “La jurisdicción indígena es clara y eficaz: historia de las falacias y verdades a medias sobre la superioridad del sistema oficial”, en www.plazapublica.com, 7 de febrero de 2017, p. 2.
4 Véase el artículo “María Chula no es María Félix”, respuesta de CODISRA al ataque en las redes sociales por la demanda interpuesta al Ministerio Público bajo el amparo de la ley contra la discriminación racial, 18 de julio de 2017.
5 La cantante María Curruchiche cuenta la experiencia de su madre y la de ella al ser llamadas de forma despectiva como marías y considera que es una forma de desvalorización, menosprecio y racismo. Nómada, 20 de julio de 2017.
6 Pedro Trujillo, “María Andrea discriminada”, Prensa Libre, 27 de julio de 2017. Resulta novedoso la respuesta de las redes al periodista acusándolo de “racista y de personaje oscuro que se viste de oveja pero es un lobo”, con base en los comentarios del coronel Castañeda, Desde el cuartel, F&G, 2017.
7 Pedro Trujillo (2013b), “Leguleyo Lego”, Prensa Libre (2013d), “Reflejos en el espejo” (2013a), “Made in Guatemala”, Prensa Libre (2013d).
8 Véase en línea: https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/07/30/racismo-un-enemigo-dificil-de-combatir/.
9 El ICEFI señala que existe discriminación económica del Estado contra los indígenas en La Hora,13 de julio de 2017. Véase también el artículo de Jonathan Menkos, “El Estado como productor de discriminación racial”, Prensa Libre, 18 de julio de 2017, en el que opina que el racismo es la institución más exitosa del país porque promueve a través de sus políticas públicas la discriminación racial.
10 Wilson Romero, “Los costos de la discriminación étnica en Guatemala” y Sandra Sanz de Tajada, “Diversidad étnica y acceso diferenciado a los servicios públicos de salud y educación”, en Marta Elena Casaús Arzú y Amilcar Dávila (coords.), Diagnóstico del racismo en Guatemala. Investigación interdisciplinaria para una política integral por la convivencia y la eliminación de racismo, vol. I, SIAVPS, Serviprensa, Guatemala, 2006, pp. 69-94 y 97-131.
11 Eduardo Halfon, en Marta Elena Casaús Arzú y Amilcar Dávila (coords.), Diagnóstico del racismo en Guatemala. Investigación interdisciplinaria para una política integral por la convivencia y la eliminación de racismo, op. cit., vol. III, 2007, p. 56.
