Ing. Leonel Salas Juárez
El agua es un recurso vital, limitado, vulnerable y finito cuya preservación y sustentabilidad; su acceso es un derecho irrenunciable de todo ser humano. De acuerdo con la política nacional del agua en Guatemala y su estrategia se estima que Guatemala tiene una disponibilidad de más de 97 mil millones de metros cúbicos anuales de agua, cantidad 7 veces mayor al límite de riesgo hídrico establecido por estándares internacionales al relacionarla con su población. Dicha disponibilidad es función del régimen ordinario del ciclo hidrológico y se ve afectada por la variabilidad climática extrema expresada por la sequía (como la del año hidrológico 2009-2010) o por las inundaciones (como las acaecidas con la tormenta Agatha 2010).
La inexistencia de una ley de aguas en el país de Guatemala ha provocado una deficiente administración, conservación, uso, aprovechamiento sostenible, equitativo y de preservación en cantidad y calidad de todos los recursos hídricos existente en el país, sean estos superficiales, subterráneos, residuales y de cualquier otra naturaleza, garantizando a su vez la protección de los demás recursos naturales, los ecosistemas y el ambiente. Cabe mencionar que los eventos extraordinarios de sequías, inundaciones, deslizamientos y lahares que se han vivido en Guatemala continuarán en el futuro, exacerbados por los impactos del cambio climático como lo indican los escenarios previstos para el país y la región centroamericana. Por lo tanto, deben generarse capacidades institucionales para gestionar estos riesgos naturales.
Todos estos eventos han provocado el incremento en la demanda de agua de las ciudades, este es cada vez más difícil de satisfacer y está generando serios problemas de sobreexplotación. El caso más crítico es el de la ciudad de Guatemala con un déficit de 1 m3 /s para el municipio de Guatemala y de 2 a 2.5 m3 /s si se incluyen los municipios aledaños que conforman el área metropolitana. Los mantos acuíferos del valle de la ciudad de Guatemala están siendo sobreexplotados con un incremento en el nivel de la profundidad de 1 a 2 metros anuales, dependiendo de la zona. En algunos puntos se ha llegado a reportar caídas de nivel de más de 10 metros que han obligado a EMPAGUA a reducir la producción de varios pozos del programa de Emergencia I. Esto es producto de la alta urbanización de las zonas de recarga y la falta de regulación en la perforación de pozos. En el ámbito nacional, asumiendo una tasa de crecimiento de 2.64%, una relación rural/urbano de 2/1 y una dotación de 125 l/s para el área rural y 180 l/s para el área urbana, se estima que en el año 2025 se requerirán aproximadamente 1,210 millones de metros cúbicos de agua para cubrir la demanda de la población.
Por otro lado, la contaminación que afecta a la mayoría de los principales ríos del país, disminuye la disponibilidad de agua. De los 223 centros urbanos de más de 2,000 habitantes del área metropolitana con sistema de drenaje, solo 24 aplican alguna clase de tratamiento a sus aguas residuales (la mayoría primario), el resto la descarga directamente a los ríos. Si se toma en cuenta que las ciudades más grandes del país se encuentran en las cabeceras o partes altas de las cuencas, es fácil entender por qué la mayoría de los ríos se encuentran contaminados. Los casos más conocidos son los ríos Las Vacas y Los Plátanos (afluentes del río Motagua) en la vertiente del Caribe y el lago de Amatitlán en la del Pacífico, en los que se descargan los drenajes del área metropolitana.
La contaminación industrial se encuentra más localizada en ciertos ríos del país, como en el de Villalobos-María Linda, Samalá y el Motagua, principalmente. Por su parte la contaminación agroindustrial (aguas mieles del café y desechos del proceso de producción de azúcar) afecta gran parte de los ríos del país. Otro caso es el del lago Petén-Itzá que recibe las descargas de las poblaciones en las riberas del lago. Las municipalidades deben de velar por el buen uso del recurso, así como su tratamiento adecuado. La contaminación de aguas es generalizada en el país. De las 340 municipalidades del país, solamente el 15% cuentan con plantas de tratamiento, otras funcionan parcial o inadecuadamente y solamente ese pequeño porcentaje se encuentran actualmente funcionando.
Las municipalidades están conscientes que la contaminación del agua es un problema serio, sin embargo, por la falta de recursos se estima que únicamente el 6% da algún tipo de tratamiento a sus aguas negras. Las ordenanzas municipales son insuficientes para controlar las descargas domésticas o industriales a los cuerpos de agua. Si bien se considera que los Estudios de Impacto Ambiental deberían contemplar un manejo adecuado del recurso hídrico, ante la falta de datos reales de la situación de los acuíferos, por ejemplo, los estudios minimizan el efecto de las lotificaciones y otras obras sobre la recarga hídrica ni tampoco impulsan medidas de recuperación de la recarga por medio de sistemas artificiales.
De acuerdo con el decreto gubernativo 236-2006, el objeto es establecer los criterios y requisitos que deben cumplirse para la descarga y reuso de aguas residuales, así como para la disposición de lodos. Lo anterior para que, a través del mejoramiento de las características de dichas aguas, se logre establecer un proceso continuo que permita: a) Proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad humana. b) Recuperar los cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofización. c) Promover el desarrollo del recurso hídrico con visión de gestión integrada. Con este decreto gubernativo se pretendía que todas las municipalidades del país tenían que cumplirlo, pero lastimosamente se ha venido modificando y cada vez se están tardando en la construcción y funcionamientos de estas plantas de tratamiento.
Los impactos que ha provocado todo este sistema en los recursos hídricos en el país se ven reflejados de la siguiente manera:
Salud, ambiente y Seguridad alimentaria: la mala calidad del agua ha provocado en el país enfermedades diarreicas y otras enfermedades que están relacionadas. No existe una política ni incentivos para hacer un uso eficiente del agua, hay una tendencia al desperdicio. Existe aún la tendencia de extender la frontera agrícola destruyendo cobertura forestal. Según la Primera Comunicación Nacional de Cambio Climático de 1980 a 1990 se estima una destrucción boscosa de 56,675 Ha. por año para convertirlas en zonas ganaderas y zonas agrícolas.
Sequías: El total de superficie nacional con alta o mediana susceptibilidad a sequías, es de aproximadamente 45.4%. El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y Baja Verapaz son los departamentos del país con mayor amenaza por desertificación y susceptibilidad alta a las sequías.
Ante esta situación, surge la necesidad de consolidar un nuevo sistema legal y administrativo del agua capaz de coordinar, conciliar y priorizar usos y acciones, cubrir el mayor número de demandas, controlar y detener la contaminación, proteger a las personas y sus bienes de efectos de eventos extraordinarios, prever y resolver conflictos y garantizar derechos de tercera generación requiere el desarrollo de herramientas clave y concretas (Azpurúa y Gabaldón, 1976).
Entonces podemos concluir que Guatemala debido a su riqueza hídrica es necesario desarrollar capacidades nacionales de gestión y gobernanza para aprovechar el capital hídrico en beneficio del desarrollo humano y productivo y en función de mejorar y recuperar el ambiente.
