Alfonso Mata
HS: La situación
AM: Pasividad ciudadana y política. La complejidad de la violencia de cualquier tipo, no debería ser pretexto para comportamos pasivamente frente a ella. No se trata de una fatalidad más con la que hay que aprender a convivir, sino de una realidad social históricamente transformable y controlable que demanda de un actuar coordinado entre los funcionarios públicos y los ciudadanos, que por no hacerla, están destruyendo el desarrollo y crecimiento humano de todos.
Pero para atacarla como se debe, debemos entender por violencia, un concepto que hace referencia a destrucciones o atentados físicos y mentales contra instituciones, personas, grupos, cuyo resultado y selección de daños y víctimas, pone en los protagonistas, comportamientos que afectan su salud y bienestar.
Puede entenderse entonces, que cuando los tipos de violencia enraízan en la sociedad, se facilita una forma perversa de ejercer poder político, en búsqueda de caudales y privilegios que satisfagan egos, limitando de esa manera los derechos de los otros. En el caso de la violencia política, el uso indebido de recursos públicos, destruye el valor y poder de las leyes, afectando a miles.
HS: Por qué de violencia política:
AM: Porque no hay un mecanismo político y social de denuncia-justicia, que evite y condene desmanes y abusos. Si bien, los elementos de todo tipo de violencia trascienden los límites de cada sector aisladamente considerado, su solución requiere esfuerzos de todos ellos y en varios campos. El de la salud, que es el que acá tocamos, debe participar significativamente en la reversión del cuadro de la violencia y sus consecuencias, obligándose a conocer cada vez mejor, mediante registros, denuncias e investigaciones, los diferentes tipos de violencia y sus consecuencias en salud y bienestar. Trabajo que debe ser interdisciplinario, a través de investigaciones específicas y rigurosas, que facilite un accionar que conduzca a cambios actitudinales –individuales e institucionales– desde los niveles locales, nacionales e internacionales y eso debe fundamentarse en un actuar y visión de: redefinición de políticas, de asignación de recursos, de reorganización de servicios, de acciones interinstitucionales, de activación de responsabilidad y participación ciudadana y la correspondiente priorización del tema; acciones que debería emprender el sector salud, como su contribución a la conciencia y a la respuesta social ante esta desafiante realidad de la violencia en nuestra patria.
HS: La deuda
AM: Es y parece incongruente e inconcebible, que el retorno a la democracia en el año 1986: los acuerdos de paz, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el llamado de organismos internacionales, Iglesias, junto con ong´s, no haya sido suficiente para situar a la salud, como parte importante de la agenda pública y la conciencia ciudadana, para la solución de la problemática violencia-salud. Solo en salud mental, los estudios señalan que cerca del 20-30 % de la población adulta e infantil, padecen de algún trastorno mental —especialmente depresión, trastornos de ansiedad y alcoholismo—. De ellos, el 70 % no recibía atención, cifra que entre la población pobre roza el cero. Y si bien existe la denuncia contra la violencia, como causa de alteración de la salud mental, no propicia conciencia y tampoco cambio alguno estructural y funcional en las instituciones de estado. Otro tanto sucede con otros problemas de salud.
La respuesta a esta situación no es simple, pero resulta evidente que la violencia es vista incluso por el SNS secundaria en su actividad. Por ejemplo, mucha de la violencia política termina en muerte indirecta (desnutrición, infección, accidentes de diverso tipo, violencia doméstica) sin embargo, su visibilidad e importancia en los programas nacionales de salud, jerárquicamente está por debajo de la conciencia ciudadana y del trabajo institucional.
HS: La falta de interés afecta
AM: A pesar de que en los últimos años se ha tenido un crecimiento económico anual, las cifras generales de gasto, en materia de inversión social continúan siendo una de las más bajas y la problemática social se incrementa. Los trastornos mentales y de comportamiento constituyen una de las principales causas de carga de enfermedad y discapacidad, siendo responsables según muchos estudios de entre el 15-25% de todos los años de vida saludable perdidos, tanto por discapacidad como por muerte prematura. Pese a ello, la atención que merece la salud mental y en que participa la violencia, la atención a ello de parte del Estado y de la sociedad es de mucha ineficiencia. Es innegable que existe enorme desigualdad en la atención y el acceso a la salud mental, al igual que de la violencia. Pero la actitud política, deja gran carga de problemas y riesgos de enfermedad mental, sin tratamiento. Esto es violencia política.
De tal manera que podemos decir que la violencia política y social, con su larga presencia en nuestra patria, también ha propiciado que se den grandes inequidades en la exposición a esta.
Por otro lado, la atomización o desintegración de la prestación de salud, es otro elemento de violencia política que determina diferentes niveles de riesgos de exposición y daño de todo tipo de violencia. La falta de una atención adecuada de salud hacia enfermedades no-transmisibles, y accidentes, se encuentra correlacionada fuertemente con la salud mental, que en algunos casos puede actuar como causa y otras como consecuencia; pero esta forma de ver y atender integralmente toda la problemática de salud, tiene un rol marginal dentro de la política de salud nacional.
HS: Resumiendo
AM: Es más que evidente que carecemos de formulación de un Plan Nacional orientado hacia la atención de la violencia política y de su relación con la salud; de coordinación de acciones tanto a nivel intrasectorial como multisectorial; de creación de enfoque y tecnologías ajustadas a la realidad nacional; de formación y capacitación del sector salud y la reorganización de los servicios de atención y vigilancia y estudios científicos al respecto.
En aspectos de salud, debemos partir que el actual plan nacional es ineficiente en parte debido a la precariedad de su inversión en recursos financieros y humanos. En la asignación de prioridad, el Estado destina menos del 1 % del gasto total en salud a la salud mental y ante eso, ante la ausencia de programas gubernamentales permanentes, varias ong´s han desarrollado iniciativas de promoción a la salud mental, especialmente en áreas de violencia dentro del hogar; pero respecto a la violencia política, no existe iniciativa alguna y se carece de observatorio nacional al respecto.
Deberíamos tomar muy en cuenta, el señalamiento de la comisión de esclarecimiento que nos plantea sobre el tema que: «es difícil disociar la violencia estructural y la violencia política. Lo ocurrido durante el período del enfrentamiento armado puede resumirse como un proceso donde el radio de exclusión y la noción del “enemigo interno” se volvieron cada vez más amplios para el Estado. El restringir así arbitrariamente a la ciudadanía y sus derechos democráticos fue justificado con la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que se convirtió en Guatemala en razón de ser del ejército y en política del Estado» (CEH, 1999, cap. 1: 83). Es necesario terminar con un adoctrinamiento psicológico e ideológico que genera espacio a la violencia política y social, que es muy posible (como ha ocurrido en otros países) que sea aun a la fecha, un impedimento claro y substancial en la lucha contra la violencia.