Legisladores británicos se disponen a interrogar el jueves a Facebook y otros gigantes tecnológicos sobre la manera como manejan la seguridad online, mientras los esfuerzos europeos para regular las redes sociales cobran impulso.
Representes de Facebook, Google, Twitter y TikTok responderán a una comisión parlamentaria que estudia el proyecto de ley del gobierno sobre la seguridad online.
Los gobiernos en ambos lados del Atlántico quieren aprobar normas más estrictas para proteger a los usuarios de redes sociales, sobre todo los más jóvenes. Legisladores británicos interrogan a investigadores, periodistas, líderes de empresas y otros expertos para elaborar un informe al gobierno sobre la manera de perfeccionar la versión definitiva del proyecto de ley.
En estos días, un panel del Senado estadounidense interrogó a YouTube, TikTok y Snapchat, los que no se comprometieron de manera firme a apoyar una ley que aumente la protección a los menores. Según los legisladores, as redes provocan trastornos en la alimentación, contienen material sexualmente explícito y material que promueve el consumo de drogas adictivas.
Frances Haughen, una exempleada de Facebook, declaró ante la comisión británica que los sistemas de la empresa agravan el odio racial online y existen escasos incentivos para resolver el problema. Dijo que se agota el tiempo para regular a las empresas de redes sociales que utlizan la inteligencia artificia para determinar el contenido que ve la gente.
Haugen, una científica de datos, copió documentos internos de investigación y los entregó a la Comisión de Valores y Cabio de Estados Unidos, así como a The Associated Press y otros medios periodísticos, los que publicaron numerosas historias acerca de cómo Facebook dio prioridad a las ganancias sobre la seguridad y ocultó sus investigaciones de los inversores y el público.
El proyecto británico incluye la creación de un regulador para garantizar que las empresas tecnológicas acatan la obligación de eliminar contenido peligroso o dañino, bajo pena de multas de hasta el 10% de sus ingresos globales anuales. La Unión Europea está elaborando una norma similar.
