Carlos Rolando Yax Medrano
El Gobierno de Colombia presentó al Congreso un proyecto de reforma tributaria el 15 de abril de 2021. En general, las economías de todos los países se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, para Latinoamérica se ha traducido en desafíos particularmente difíciles, puesto que es la región más desigual en el mundo. Colombia no es la excepción. El Gobierno no dispone de suficientes recursos para continuar con los programas sociales que atienden las necesidades más inmediatas de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. De algún lugar tenía que salir el dinero y así nació el proyecto de reforma.
A grandes rasgos, la reforma tributaria promovía a las empresas a contratar jóvenes menores de 28 años que accedan a su primer empleo, mediante la exención de los aportes a salud, pensión y pagos parafiscales de los menores de 28 años contratados. Además, con la reforma tributaria pasaron a ser objeto de un impuesto sobre el consumo del 19%, alimentos de origen animal, medicamentos, insumos de salud sexual para la mujer, servicios de internet, servicios funerarios, entre otros. Sin embargo, el cambio más significativo se presentó en el impuesto sobre la renta para personas jurídicas y personas naturales, en el impuesto temporal y solidario a la riqueza, el impuesto temporal y solidario a los altos ingresos y los impuestos verdes.
La población colombiana manifestó su descontento con el proyecto del Gobierno colombiano durante los días siguientes. El problema surgió cuando el Gobierno no supo recibir la retroalimentación de la población. Finalmente, después de varios días sin ser escuchados, el 28 de abril de 2021 se convocaron protestas en el marco de un Paro Nacional. Y el Gobierno colombiano, en lugar de escuchar lo que su población tenía que decir, mandó a reprimirla. Según Temblores, una ONG que trabaja por la protección de los derechos humanos, hasta el 4 de mayo habían registrado 1443 casos de violencia policial.
La Defensoría del Pueblo reportó, hasta el 4 de mayo, 19 personas muertas, más de 800 personas heridas y 89 personas desaparecidas. El lugar más afectado por la violencia policial ha sido Cali. Le siguen Bogotá, Barranquilla y Medellín. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y la Unión Europea condenaron el uso excesivo de la fuerza contra las protestas en Colombia. Se ha reportado que agentes estatales disparan contra manifestantes desarmados. También se han reportado casos de violencia sexual contra las mujeres por parte de los agentes estatales.
Siete días de violencia pasaron hasta que el Presidente Iván Duque anunciara la instalación de una mesa de diálogo nacional. Muertes, heridas, desapariciones y violaciones a los derechos humanos, primero. Las palabras son el último recurso, solo se acude a ellas en caso de que todas las medidas anteriores no funcionen. Este es un llamado al Gobierno de Colombia a desistir de la brutalidad policial. El mundo los está viendo. Este es un llamado a la comunidad internacional a interceder por todas las personas que han sido víctimas de quienes deberían cuidarlas. El mundo no se puede quedar solo viendo. Las colombianas y los colombianos ya no tienen miedo de morir en las calles. Pero nadie debería morir en las calles en ningún momento, bajo ninguna circunstancia.
