El control del gasto público es un serio problema en el país porque, como se ha dicho tantas veces, la autopista de la corrupción es la única que aquí se ha diseñado bien y recibe constante mantenimiento, por lo que hacer negocios en los que la mordida es la pieza clave, producto del sobreprecio de bienes y servicios, es una cosa en realidad sencilla. La Contraloría General de Cuentas, que por mandato constitucional debiera ser la encargada de auditar el gasto de todos los recursos públicos, es parte de la jugada y por ello es que los grandes casos de corrupción que se pudieron destapar a partir del 2015 no surgieron de investigaciones de esa entidad porque los Contralores son escogidos precisamente para garantizar que no van a estar molestando a los que los nombraron.
Con todo y ello, es decir con las enormes facilidades que ya hay para que se haga fiesta con el presupuesto del Estado y de las Municipalidades además de cualquier otra entidad pública, ayer el Congreso aprobó una ley muy congruente con el espíritu de la legislatura nacional. Sabiendo que se hace fiesta con los fondos públicos, los diputados dispusieron hacer más fácil ese festejo y, ahora sí, garantizan que sea “pachangón” porque las compras directas, esas que antes implicaban la molestia de tener que fragmentarlas para no tener que llenar el requisito de licitación, ahora se podrán realizar en cantidades de hasta 200,000 quetzales en vez de los 90,000 que contemplaba la ley modificada.
Cualquiera pensaría, usando la cabeza, que en un país con el sistémico problema que tiene Guatemala en materia de corrupción toda reforma a la Ley de Compras y Contrataciones tendría que ser a la inversa, es decir imponiendo más controles para acabar con el derroche que está tan facilitado en nuestro ordenamiento legal. Pero como ya sabemos qué es lo que se puede esperar de un Congreso controlado por una alianza oficialista interesada en la impunidad como pieza clave y esencial del sistema, lo que hicieron fue abrir más el arca para que el pecado pueda cometerse más fácilmente y sin necesidad de tener que andarse quebrando la cabeza con el fraccionamiento de los contratos.
El problema serio es que así como pasó con la Ley de Compras y Contrataciones tendrá que pasar con todo lo que de verdad necesita reforma en el país. Lejos de que haya esperanza de reformas para rescatar la democracia secuestrada por los corruptos, lo único que se puede esperar es que cualquier modificación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos haga más fácil el financiamiento ilícito, convirtiéndolo en un “gesto patriótico”, como dicen los empresarios, a fin de que nadie ande reparando en cómo es que los políticos le venden el alma al diablo desde antes de llegar al poder.
Lo de la Ley de Compras, que parece un chiste de mal gusto, es el reflejo de cuál es la esencia de nuestro problema. Aquí los únicos cambios viables son los que harán más fácil el saqueo y garanticen, sin lugar a ninguna duda, la más plena impunidad.
