Por Jorge Santos
En mayo y septiembre de 1992, la mafia siciliana asesinó a los jueces Giovanni Falcone y a Paolo Borsellino, quienes habían conducido lo que se denominó como el “maxiproceso” en el cual se enjuició a miles de mafiosos italianos. Estos asesinatos dejaron una profunda huella en la sociedad, dado que los jueces habían sido decisivos en el cambio de ruta del Estado italiano contra el crimen organizado. Este hecho va a marcar el cambio de estrategia de la sociedad civil y la forma a como entendía, se relacionaba o legitimaba el accionar de la mafia y los grupos corruptos. Luego de muchos años de lucha, la sociedad se preguntó ¿Qué más hacer? ¿son suficientes sólo las manifestaciones, las denuncias? O habrá algo más por hacer y así fue.
Ya para 1995 nació la asociación civil conocida como Libera, que en la actualidad articula a más de 1600 organizaciones sociales y ciudadanas en toda Italia y coordinan acciones que siguen combatiendo la violencia, la ilegalidad, la corrupción y las complacencias que estos grupos mafiosos abanderaban en este país. La finalidad de Libera es incidir para que la sociedad luche contra las organizaciones criminales, sin importar su procedencia, a través de proyectos de legalidad y justicia. Una de sus acciones más importantes fue la consecución de la “Ley de uso social de los bienes confiscados”. Esta lucha contra la ilegalidad y la criminalidad sin lugar a dudas tenia como uno de sus pilares, el cambio de la narrativa, el cambio de comportamiento, particularmente toda aquella acción que paraba respaldando o legitimando a las personas que componían los grupos mafiosos.
Esto resulta de vital importancia comprender en la sociedad guatemalteca, dado que necesitamos erradicar de raíz el imaginario social, el cual legitima la acción de corruptos y de miembros del crimen organizado. De no actuar en esa sintonía la mafia guatemalteca, articulada en el Pacto de Corruptos terminará por destruir los importantes logros que en materia de justicia se habían conseguido. De no ser así, no sólo continuarán las acciones para favorecer la corrupción y la impunidad, sino que terminarán de imponer su Régimen autoritario y violento. Luego de la decisión en Estados Unidos de Norteamérica, de sancionar a Gustavo y Felipe Alejos por la Ley Magnitsky es importante redoblar los esfuerzos sociales y ciudadanos por cambiar nuestras narrativas y acciones para profundizar la lucha contra los corruptos y mafiosos.
Esto debe implicar la acción decisiva de no interactuar con las personas corruptas y mafiosas, es una especie de boicot a todas sus acciones, a sus aliados y a quienes aún les defienden. Implica no votar por los partidos políticos financiados por actores de la corrupción, implica no comprar sus productos, no asistir a sus negocios, implica no leer, no oír a quienes les defienden y sancionar públicamente a quienes lo hagan, de tal cuenta que el Pueblo se convierta en la reserva moral que derrote al Pacto de Corruptos.
