Partiendo de la tesis de que el pueblo de Guatemala aguanta con todo y, por cualquier duda, movilizando a un contingente de exsoldados para atemorizar y agitar el clima de la polarización, ayer se ejecutó el plan que preparó el pacto oficialista que no se conforma sólo con diputados sino con gente en el gobierno, en el sector privado, en el poder judicial y en el Ministerio Público, para asegurar el más absoluto control de la Corte de Constitucionalidad, eliminando la única magistratura, la de Gloria Porras, que se les pudo colar en el proceso de designación de Magistrados.
Con el Congreso innecesariamente rodeado por la PNC como resguardo, por si acaso algún pequeño grupo de personas se decidía protestar, se prohibió el ingreso al recinto hasta de los periodistas que fueron sometidos a un inusual proceso de registro y escrutinio, mientras que los no diputados que eran parte de la jugada se paseaban orondos por los pasillos del Palacio Legislativo.
A diferencia de lo que hizo la Junta Directiva en el caso de la “juramentación” de Mynor Moto como Magistrado de la CC, en esta ocasión actuaron con un criterio totalmente diferente. En aquel momento no contaron los recursos pendientes y el polémico Juez fue rápidamente juramentado con la intención de mantenerle la inmunidad por investigaciones respecto a sus actuaciones como juzgador favoreciendo a los sindicados en casos de corrupción. Esta vez fue al revés, porque a la magistrada Porras no se le tomó juramento. La existencia de doble rasero en nuestro sistema volvió a hacerse evidente y pudo demostrarse de manera clara y concreta con el actuar de la llamada mayoría oficialista.
Las redes sociales se movieron, y mucho, como consecuencia de la burda acción del Congreso, pero el ciudadano desahogó en ellas su frustración e indignación por lo que estaba ocurriendo y los diputados volvieron a confirmar que la sangre de horchata de este pueblo es su mejor garantía de que pueden echar para adelante cuantas veces quieran y con los asuntos que se les antojen porque aquí, fuera de refunfuñar, nadie hace realmente nada, dando carta blanca a los que se han adueñado de toda la institucionalidad, incluyendo la justicia, para lograr sus objetivos de continuar perpetrando sus acciones que se traducen en mayor necesidad y miseria para la mayoría de habitantes.
Cuando la gente se venga a dar cuenta de lo que significa esta nueva cooptación será demasiado tarde porque, literalmente, no habrá quién defienda el Estado de Derecho y la correcta aplicación de la Ley.
