Walter Juárez Estrada
Guste o no guste la ley es la ley debe prevalecer en toda acción judicial, sea cual sea su materia. “La Asociación de Dignatarios de la Nación”, haciendo el papel de testaferros, subvencionada por el Congreso con 5 millones. Promovió acciones de antejuicio contra dos magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad con el frívolo argumento que habían “violado” la Constitución, al impedir que el expresidente Jimmy Morales ordenara la expulsión del país de un diplomático Sueco.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, violando la ley y con conocimiento lo que indica el último párrafo del artículo l67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, dio trámite al antejuicio contra los magistrados Gloria Porras Escobar y Juan Francisco de Matta Vela, cursándolo el expediente al Congreso, para que resolviera si hay o no lugar a abrir causa penal contra los jueces constitucionales. Si los magistrados de la CSJ tienen pleno conocimiento de la ley, hubiesen rechazado de plano tal pretensión, que colisiona con lo que dice dicho artículo que claramente indica…..”No podrán ser “perseguidos” por las opiniones expresadas en el ejercicio del cargo…”, más claro hasta una analfabeta lo entiende.
El Legislativo cumplió con lo que dice la carta magna en el artículo l65 inciso h). Procedió a integrar la Comisión Pesquisidora mediante sorteo, resultando electo como presidente Mario Taracena de la UNU (no afín a Sandra Torres) y conformada además por una diputada oficialista, 2 de la UNE 1 de Todos.
La función de la Comisión se contrae a recabar toda la información, escuchar a las partes y correr audiencia al MP y devolver el expediente al pleno que deberá determinar si ha o no lugar al antejuicio, pero se duda que se logren los 107 votos; los diputados de la oposición han dicho que no avalan la acción contra Porras y de Matta, lo consideran espuria, política e ilegal El fundamento lógico del derecho de antejuicio es político y no jurídico. La Comisión que tiene 60 días para emitir opinión y cursarla al pleno para que resuelva lo conducente.
Se cree que la Asociación de Dignatarios promovió esa acción a petición de los diputados corruptos y de grupos que se han visto afectados en sus intereses por los fallos de la CC que si bien es verdad sus actuaciones han violentado normas constitucionales al “auto ampararse”, la ley, los brinda y si ampararon a la exCICIG para evitar la expulsión del diplomático, se debió accionar contra los otros magistrados, que firmaron la resolución.
Porras, presidirá la CC hasta el l4 de abril y fue reelecta por el CSU para su tercer período. La cuestionan por su ideología y la amistad que tiene con Torres. La Contraloría General de Cuentas de la Nación, debe auditar a la Asociación de Dignatarios, para establecer cuál es el destino de los 5 millones que le da el Congreso. Los diputados oficialistas y sus comparsas deben declarar si lugar el antejuicio y darle una lección a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que los pone ante la vindicta pública como incapaces al servicio de grupos corruptos.
