Raúl Molina
El Presidente Biden de Estados Unidos, ha tomado dos excelentes iniciativas: envío de una delegación del Departamento de Estado a México y norte de Centroamérica, para hablar sobre asuntos de migración, desarrollo y corrupción; y la asignación a la Vicepresidenta Kamala Harris de la misión de elaborar una estrategia frente a la creciente inmigración de originarios de países de Mesoamérica. Sabemos que esas medidas no responden directamente a las necesidades de los pueblos de nuestros países, sino que a la preocupación de Biden de no poder manejar adecuadamente el ingreso de inmigrantes irregulares a su territorio. Entendemos su válida preocupación; pero debe entender él que los intereses de los pueblos mesoamericanos son una prioridad para nuestros países. Lo que se determine con ambas iniciativas no debe ser la imposición de la voluntad del imperio sobre sus neocolonias; sino que un esfuerzo conjunto con las sociedades civiles de la subregión para enfrentar tres problemas estrechamente vinculados: corrupción gubernamental y del sector privado; subdesarrollo económico e infradesarrollo social, es decir, ausencia de desarrollo humano; y flujos migratorios determinados a lo largo del siglo XXI por la necesidad de mano de obra barata de Estados Unidos y la incapacidad y falta de voluntad de los gobiernos y el sector privado de la subregión de mantener a los valiosos recursos humanos en el país, particularmente juventud y niñez.
El envío de la delegación se da en momento particular de Guatemala y Honduras, sumidos ambos en la más grosera corrupción, de atrocidades contra las y los migrantes en territorio mexicano y de la crisis en la Frontera Sur de EE. UU. con la llegada de cien mil inmigrantes centroamericanos, sin contar con los recursos ni el personal adecuado para atender a las y los migrantes. En Guatemala, el intento por concluir el asalto a la Corte de Constitucionalidad, y a todas las instituciones del Estado, pese a las afirmaciones del gobierno estadounidense de buscar honestidad de los Estados, ha hecho necesario que el mensaje se dé personalmente a Giammattei –ni un centavo para el gobierno si la corrupción se mantiene. Y a Hernández en Honduras –la justicia estadounidense le acusa de narcotráfico. No han entendido la determinación de Biden por eliminar estos dos focos clave de corrupción, que impiden el desarrollo y catapultan la migración. La separación del cargo de los dos mandatarios es obligada, y existen suficientes pruebas de corrupción, narcotráfico y otros delitos para reemplazarlos.
Debe entenderse, sin embargo, que la falla total del sistema político-económico no es responsabilidad única de los jefes de Estado. Hay un séquito que también debe ser expulsado; en el caso de Guatemala, más de cien diputados, magistrados de cortes y jueces corruptos, el gabinete y la dirigencia del sector privado, que es cómplice en el latrocinio del Estado, corrupción y no pocos delitos. Sólo después de esta limpieza esencial e impostergable podrán ser utilizados adecuadamente los millones de dólares que se envíen para procurar el desarrollo, que, al irse logrando, irá deteniendo el flujo migratorio.
