Mike Fitzgerald y Verónica Rodríguez
integrantes del Comité del Vance Center for International Justice,
y socios de la firma internacional Paul Hastings
De acuerdo con estándares regionales e internacionales en materia de derechos humanos, la seguridad de los jueces es uno de los aspectos muy importantes de la independencia judicial.
No puede haber jueces independientes si los mismos temen por su seguridad física y no tienen condiciones de protección necesarias para llevar a cabo su trabajo sin intimidaciones o amenazas externas. Simplemente por cumplir con su deber de hacer cumplir la ley, los jueces son vulnerables a ataques infundados y extraordinarios.
Si bien hay casos extremos como el del ataque a la Jueza Federal de los Estados Unidos, Esther Salas, en el que su esposo fue gravemente herido y su hijo perdió la vida, y el del Juez Federal mexicano Uriel Villegas Ortiz y su esposa que perdieron la vida a manos de un grupo armado, ambos en 2020, en la región hay jueces y juezas que diariamente reciben amenazas por el trabajo que realizan. Actualmente, las comunicaciones digitales y las redes sociales han permitido una amplia difusión de que estas amenazas e intimidaciones, así como que puedan llegar de manera directa, y sin identificación del autor. Además, es preocupante que en muchos casos, estas amenazas a mujeres juezas se hacen con motivo de la identidad de género.
Tan solo en Guatemala, hay varios jueces, fiscales y defensores de derechos humanos que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues su vida o integridad personal se han visto amenazadas por las funciones que realizan. Es especialmente grave cuando este riesgo es creado por autoridades del propio Estado. La toma de decisiones judiciales nunca debe estar influenciada, ni siquiera parecer influida, por presiones políticas externas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su documento Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de derecho en las Américas ha establecido que “La protección a la vida e integridad de las y los operadores de justicia es una obligación del Estado que deriva de dichos derechos reconocidos por la Convención y la Declaración Americanas para todas las personas en las jurisdicciones de los Estados de América”. De acuerdo con la CIDH, si los Estados no garantizan la seguridad de sus jueces contra toda clase de presiones externas, incluyendo las represalias directamente dirigidas a atacar su persona y familia, el ejercicio de la función jurisdiccional se puede ser gravemente afectada y frustrar el acceso a la justicia. Los jueces no deben estar sujetos a presiones e influencias, y deben tener libertad para tomar decisiones imparciales basadas únicamente en los hechos y el derecho. La independencia judicial es la garantía del público de que un juez será imparcial.
Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán, ha condenado en repetidas ocasiones las amenazas y los actos de violencia en contra de quienes imparten justicia. El Relator Especial ha mencionado que la “delincuencia organizada transnacional plantea una amenaza significativa y creciente para la seguridad nacional e internacional, con graves consecuencias para la seguridad pública, la salud pública, las instituciones democráticas y la estabilidad económica en todo el mundo”i debilitando a las instituciones del Estado. Por esto ha llamado a revisar los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de Naciones Unidas, para incluir este tema como uno prioritario.
Esta protección que brindan los estándares e instituciones internacionales deben de tener un equivalente muy concreto en los marcos jurídicos internos, y esfuerzos del Estado para proteger a sus jueces. Las denuncias que hagan jueces por amenazas o intimidaciones deben ser prioritarias y expeditas en su atención, proveyendo de mecanismos de protección adecuados.
Como integrantes del Comité del Vance Center for International Justice hacemos un llamado a la comunidad jurídica internacional para exigir el cumplimiento de los estándares para la protección de quienes imparten justicia. Es en el mejor interés de todas las personas que deseen vivir en sociedades respetuosas de la ley tener jueces independientes, por lo que es tarea de todos velar porque su independencia no se vea vulnerada por ataques a su seguridad.
Este artículo es una colaboración para la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad que busca promover la democratización e independencia de la función judicial y el fortalecimiento de la dignidad e imparcialidad, así? como el fomento de la eficiente y eficaz administración de justicia, a través del desarrollo jurídico, académico- funcional, profesional, social, cultural y laboral del gremio, en un espacio plural donde puedan desenvolverse a nivel nacional e internacional, en beneficio de la sociedad guatemalteca. www.agji-gt.org
https://independence-judges-lawyers.org/es/complementar-los-principios-basicos-relativos-a-la-independencia-de-la-judicatura/
