Ayer fue día para reflexionar sobre la importancia del agua en todo el mundo y una de las cuestiones cruciales que más se destaca es la necesidad de que cada país tenga una adecuada gestión del recurso hídrico que escasea y es vital para la vida humana pero que tiene otros usos muy importantes para la producción, como el riego y la generación de energía. La mayoría de países tienen legislación para regular el uso del agua y casi todos entidades autónomas que se encargan de su gestión poniendo énfasis en la necesidad de preservar fuentes y cuencas de manera que el manejo pueda ser sostenible.
En Guatemala, desgraciadamente, ni existe esa autoridad ni tenemos legislación que regule el uso del agua, lo que provoca una enorme y muy costosa anarquía. Desde principios de los años setenta, cuando se creó en la ciudad la Empresa Municipal de Agua, se insistió en la necesidad de una Ley General de Aguas, de la cual habían ya proyectos elaborados en los años 50 pero durmiendo el sueño de los justos. El caso es que al día de hoy no disponemos de esa ley y, como se ha dicho, en el uso del agua termina prevaleciendo, como siempre en Guatemala, la ley del más fuerte.
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La Constitución de la República, elaborada en 1985, establece claramente en su artículo 127 el “Régimen de Aguas”, diciendo: “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. UNA LEY ESPECÍFICA regulará esta materia”.
En un tema tan importante han transcurrido ya 35 años sin que ninguna de las nueve legislaturas emita la norma ordenada por la constitución, cosa que igualmente ha ocurrido con la regulación del área metropolitana. En la ciudad cada quien perfora pozos y no existe ni siquiera un dato exacto de cuántos pozos “privados” hay por lo que es imposible establecer qué caudal se saca de las aguas subterráneas que son parte del patrimonio del Estado como bien de uso público.
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En el país de la eterna anarquía, ni siquiera tenemos los instrumentos legales para gestionar correctamente el recurso natural más importante para la vida humana y eso pareciera no importarle a nadie porque no existe una presión ciudadana que reclame al inútil Congreso que cumpla con la Constitución emitiendo una ley que regule, como lo establece la Carta Magna, el uso y aprovechamiento racional de ese recurso para consumo humano, para riego y para generación eléctrica.
