Históricamente los fiscales del Ministerio Público en Guatemala, al recibir una denuncia, sabían que al evaluarla y presentarla a la Fiscalía General podrían recibir luz verde para realizar capturas o la orden de engavetar el caso para eterna memoria, dependiendo de quiénes fueran los sindicados pues en el país hay individuos totalmente “perseguibles” y otros que, por posición política o económica jamás tendrían que rendir cuentas por sus actos. El patrón se empezó a romper con la designación de Claudia Paz y Paz quien dio un giro importante a la institución, especialmente en casos de crímenes de lesa humanidad, y continuó con esa senda en el momento en que Thelma Aldana decidió trabajar con la CICIG en los temas de corrupción que alcanzaban al mismo Presidente que la había nombrado.
Viendo lo que había ocurrido, uno de los principales objetivos de los grupos criminales enquistados en el poder fue rescatar para sí el Ministerio Público y por eso el último proceso de selección fue crucial. Por mucho que se pueda hablar de la incapacidad de Jimmy Morales como Presidente, se tiene que reconocer que no pudo haber encontrado mejor Fiscal General que Consuelo Porras para lograr el objetivo de reducir a la nada los avances no sólo éticos, sino también los relacionados con la investigación científica que se habían logrado cuando hubo esa estrecha colaboración con expertos internacionales que sabían darles seguimiento objetivamente.
El sábado publicamos el caso de los vecinos de Santa Elena Barillas, quienes denunciaron corrupción en la construcción de la carretera entre la ruta a El Salvador y Villa Canales. Relataron cómo, al reunirse con el fiscal del caso en el año 2019, el mismo les dijo: “Acá pueden pasar dos cosas. O llegamos y se emite orden de captura, porque aquí hay irregularidades, o me llaman y me piden que el caso no avance”.
Exactamente lo que siempre ocurría en el Ministerio Público antes de esa etapa de transformación con las dos mujeres que dirigieron la Fiscalía General antes de Consuelo Porras. Se sabe que en el 2015 en la CICIG existía enorme duda sobre cuál sería la actitud de Aldana al conocer los alcances de la investigación del caso La Línea, precisamente porque se conocía esa histórica actitud en el MP. Y hubo alivio cuando no sólo dio su pleno aval, sino que ella misma compareció para informar, junto al Comisionado, los frutos de las numerosas investigaciones de corrupción, poniendo fin a la tradición y costumbre de impunidad, hito histórico que se acabó abruptamente al llegar Porras.
