POR: LIC. LUIS FERNANDO BERMEJO QUIÑÓNEZ
@BermejoGt
En estos momentos se lleva a cabo un juicio en los Estados Unidos (EE. UU.), en el cual diversos testigos y narcotraficantes acusan al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de tener relaciones con narcotraficantes. Sin embargo, quizá un caso más emblemático de la forma en que el narcotráfico ha penetrado la política de Honduras es el caso Rosenthal, el cual debería traer muchas lecciones para el empresariado y los políticos de estos lares en estos “tiempos recios”.
En septiembre del 2015, la OFAC (Office of Foreign Asset Control), una agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU., designó bajo el Decreto Kingpin a Jaime Rolando Rosenthal Oliva, así como su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello como personas que habían coadyuvado a lavar dinero del narcotráfico de los Cachiros a través del Banco Continental, S.A. de Honduras bajo la holding panameña Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V. La designación resultó en el embargo de bienes en diversas empresas y causó el derrumbe del Banco Continental en Honduras. Cabe resaltar que uno de los acusados Yani Rosenthal había sido un político prominente en Honduras, habiendo sido Secretario de la Presidencia de Porfirio Lobo y diputado del Congreso del 2010-2015. El 15 de diciembre del 2017 fue sentenciado a 36 meses de cárcel en EE. UU. por haber aceptado los cargos que se le imputaban, entre ellos, aceptó que había recibido dinero de narcotráfico para campañas políticas.
Luego de haber cumplido su condena, Yani Rosenthal busca ser candidato a presidente por el Partido Liberal en las elecciones de noviembre 2021. OFAC dejó sin efecto la designación de Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V. el 25 de agosto del 2020 al haberse procesado a los responsables. Por último, cabe resaltar, que Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V. ha iniciado un arbitraje de inversiones en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) bajo el número de caso ARB/18/40, en el cual demanda infracción de las garantías a los inversionistas en el TLC entre Centroamérica y Panamá. La información del caso no es pública, pero consiste en un reclamo por aprox. US$40 millones derivadas de la afección de la holding por ser fiadora de las obligaciones del extinto Banco Continental. Habrá que darle estudio al desarrollo de este caso porque pudiere ser cuestionable prima facie que una entidad extranjera (panameña), controlado por nacionales del Estado demandado (hondureños), puedan demandarlo, como ocurrió en el cuestionado caso Tokios Tokeles contra Ucrania (Caso CIADI Arb 02/18).
¿Qué lecciones se pueden extraer para Guatemala? En octubre 2020, la FECI tuvo noticias de una “caleta” de dinero en efectivo presuntamente proveniente de pagos de sobornos a funcionarios de un gobierno anterior. En ciertos medios se ha dicho que el “tip” de la caleta fue de la DEA por lo que pudiere estar relacionado con narcotráfico. En el allanamiento los fiscales encontraron de “inquilino” del inmueble a dinero en efectivo que sumaban aproximadamente Q122,351,456.60. Lo interesante del caso es que en las fotografías de la presentación del MP/FECI se apreciaba que la caleta, en gran parte, era de billetes de Q200 con el cintillo original que envuelven los fajos de billetes nuevos que son puestos por el Banco de Guatemala. Es posible especular que el Banguat tenga registrados a qué bancos se asignaron o se transportaron esos lotes de billetes de Q200.00 y, por ello, el MP pueda rastrear qué banco(s) pudieran haber liberado, en efectivo, esas grandes sumas de dinero, y si éstos, reportaron la transacción como sospecha o no. Pronto lo sabremos.
Tanto el Plan Biden para C.A. como las recomendaciones de la Comisión de la Política de Drogas del Hemisferio Occidental del Congreso de EE. UU. publicado el 1 de diciembre 2020, recomienda dar más facultades al FinCen del Departamento del Tesoro para combatir el lavado de dinero de corrupción y otras actividades ilícitas. Por lo anterior, considero que los ejecutivos de los bancos de Guatemala, deberían ponerle más atención a los movimientos de dinero corrupto bajo sus narices, porque probablemente tengamos más acciones como las del Banco de Crédito en un futuro cercano afines a lo ocurrido en Honduras. Hay que poner las barbas en remojo. Al Ministerio de Relaciones Exteriores, mi consejo es que revisen los tratados de inversión que estén negociando, para que no sea posible a través de estos que nacionales de Guatemala puedan demandar al Estado usando triquiñuelas corporativas por medidas de “orden público”. De la misma forma, en Guatemala tenemos varios “Yanis Rosenthals”, esperemos no los tengamos de candidatos presidenciales para el 2023.
