El día de ayer publicamos un reportaje basado en hechos que son todos comprobables por diferentes medios, con toda la información bajada de Guatecompras (pública por tanto) y en lugar de responder a los temas de fondo, Nipro dice que sufren ataques, habla de altruismo, abordan de manera “muy sencilla” el conflicto de interés sin aportar el fundamento de las cartas de entendimiento.
Un médico que trabaja para Nipro es parte de la ONG (Unaerc) que les compró Q41.8 millones desde el 2018 y se excusan en que los médicos trabajan en lo público y privado. Suena fácil, pero por ética el doctor Avendaño debió desligarse de uno de los dos lados y dejar de ser juez y parte. La ONG que atiende enfermos renales opera con fondos del Estado.
Van al extremo cuando hablan de una labor altruista. Nipro le paga a este doctor, pero no es por altruismo sino para que ayude a conseguirle Q41.8 millones en contratos que paga el Estado; ser altruista con dinero ajeno es fácil.
Nipro se va por las ramas porque no le queda de otra. No hay fundamento legal alguno para las cartas de entendimiento. Ese “entendimiento” hace que salgan licitaciones hechas a la medida y miente Nipro al decir que cualquiera puede participar porque al haber dado sus “máquinas” se necesita de los insumos que solo ellos pueden proveer.
Excusan a la hoy Secretaria General de la Presidencia y quizá futura magistrada a la Corte de Constitucionalidad (CC) diciendo que los acuerdos los preparó la gente de UNAERC pero, ¿el asesor jurídico de Nipro no les advirtió que tales acuerdos no tenían asidero legal en Guatemala?
Nipro habla en sus respuestas publicadas ayer de una “alianza público privada”, pero como que nadie les dijo que esas alianzas, de acuerdo a la ley guatemalteca, deben ser aprobadas hasta por el Congreso de la República (enorme vicio en la figura, por cierto); aunque suene bonito es falso porque esto no es una alianza de ese tipo.
Las cosas por su nombre: Nipro sacó ventaja de un sistema pensando que nunca los iban a descubrir y ahora que quedan al descubierto juegan el papel de víctimas. “Entenderse” con entidades del Estado no es posible y si tuviéramos un Ministerio Público (MP) independiente, sin duda que estaría interesado en llegar al fondo.
Leyla Lemus fue abogada de Nipro cuando se dieron estos hechos y ahora hace sentido cuando Consuelo Porras ordenó, tras unas quejas de la misma Lemus, que cualquier requerimiento de información relacionada a la Presidencia se “pidiera” cordialmente.
