Sandra Xinico Batz
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Se cumplen cuatro años del asesinato de las 41 niñas en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” y aún no hay justicia, el Estado continúa evadiendo su responsabilidad y tristemente la realidad que decenas de niñas, niños y adolescentes viven en estos centros sigue siendo la misma, una realidad atroz plagada de violencias, explotación, maltratos y abandono; permanecen las violaciones a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en estas instituciones y el caso del Hogar Seguro no marcó un precedente que implicara más control por parte del Estado, sino por el contrario, este ha contribuido en que la impunidad genere más abusos y que quienes están a cargo de la administración de estos centros actúen con toda libertad para cometer delitos y agredir constantemente a quienes deberían de proteger. El Estado no sólo no resguarda sino que termina violentando, además de no tener voluntad de invertir en la niñez y la adolescencia, quienes diariamente mueren en este país por la desnutrición y violencia provocadas.
La forma en que el sistema de justicia ha tratado este caso está llena de clasismo, desgastes provocados y un enorme desprecio hacia la dignidad de las víctimas y sus familias. No sólo se ha beneficiado a quienes han resultado imputados, sino que tanto las sobrevivientes como sus familias han estado durante estos años sin una verdadera protección y no se ha intentado siquiera reparar los daños, dolores y traumas provocados. Tan sólo hace un par de semanas María Ramírez, la madre de una de las niñas asesinadas en el Hogar Seguro, fue desaparecida y asesinada violentamente, ella luchó durante estos años para obtener justicia por el asesinato de su hija. En 2018, la madre, el padre y la hermana de Yodenis De León quien también fue víctima del incendio provocado en el Hogar Seguro, fueron asesinadas y asesinado en su vivienda; ambos casos están rodeados de un total silencio e indiferencia por parte de las autoridades de gobierno.
El 17 de febrero de este año, un grupo de 10 niñas que residían en el Hogar “Zafiro” en Ciudad de Guatemala, se organizaron y subieron al techo de este centro para denunciar las violencias y malos tratos a los que estaban siendo sometidas, ante esto, lo único que el Estado hizo fue desplegar a la Policía Nacional Civil como si se tratase de criminales, en lugar de dar garantizar resguardo y protección para ellas, lo cual demuestra una vez más la estigmatizan a la que están condicionadas las niñas y adolescentes que por diversas razones han necesitado de estos espacios para albergase mientras se resuelve su situación, una que también está vinculada o tiene que ver con la desigualdad y el empobrecimiento que imperan en Guatemala.
Este es un país que cotidianamente atenta contra la integridad de la niñez y la adolescencia, a quienes no se les satisface dignamente ninguno de sus derechos, por el contrario, se les vulnerabiliza y su futuro es verdaderamente incierto; lo único seguro acá es de la injusticia.
