Un Congreso que estuviera preocupado realmente por la población y no por sus peculiares intereses, debiera estar en este momento realizando reformas al Código Penal para establecer que las sanciones por actos de corrupción relacionados con las pruebas para detectar el Covid-19 y las vacunas para inmunizar a la población frente a esa Pandemia debieran ser por lo menos triplicadas a efecto de realmente desestimular acciones delictivas que puedan poner en grave riesgo a toda la gente.
Ya vimos en Guatemala el caso de pruebas falsas que fueron vendidas y que la misma empresa fabricante certificó que no eran parte de los lotes que ellos producían porque ni el envasado ni la etiqueta correspondían a su producción. Y ayer publicamos que en el mundo la policía internacional, Interpol, expresa su preocupación porque ha detectado bandas de contrabandistas que están llevando a varios países cargamentos con ampollas que supuestamente contienen vacunas pero que son simplemente falsas, lo que haría que mucha gente se sienta confiada de haber sido inmunizada cuando en realidad les inyectaron algún producto inocuo con tal de ganar un dinero que se vuelve asqueroso.
El caso de Guatemala es peculiar porque somos un país que carece de instituciones sólidas en las que se pueda confiar porque todo el aparato del Estado se ha ido prostituyendo para ponerlo al servicio de la corrupción y eso lo convierte en muy atractivo para las bandas criminales que saben que no sólo nuestras aduanas dejan pasar contrabando como parte de su día a día, sino que además aquí los procesos de verificación en las compras no son exigentes porque así conviene a funcionarios que se enriquecen con adquisiciones de productos de baja calidad pero proporcionados por quienes pagan fuertes mordidas.
Si tuviéramos una administración de justicia independiente y un Ministerio Público investigando de verdad, los delincuentes tendrían algún temor al riesgo de ser castigados. Pero como parte del proyecto nacional es que se consolide el reino de la impunidad en la dictadura de la corrupción, no disponemos ni de un Congreso que legisle para castigar esos delitos ni Cortes comprometidas con la correcta aplicación de la ley.
Hemos llegado a marzo y no tenemos aún garantía de suministro de vacunas para el país ni programa específico de los embarques supuestamente ya contratados. Y bajo la presión por conseguir vacunas, pueden venir esas bandas bien organizadas de contrabandistas que no tendrían que esforzarse mucho para entrar su producto ni para colocarlo, siempre y cuando haya dinero de por medio. Y después dirán que todo fue solo un error administrativo.
