Ayer La Hora retransmitió el foro organizado por el prestigioso Cyrus Vance Center for International Justice sobre el Futuro del Estado de Derecho en Guatemala, en el que participaron el Embajador de Estados Unidos en nuestro país y empresarios locales y extranjeros que manifestaron su visión al respecto. Obviamente el tema de la corrupción fue uno de los ejes del evento porque casi todos los participantes expresaron el impacto que tiene en la posibilidad de crear y sostener un verdadero Estado de Derecho. En general se aceptó que para lograr certeza jurídica y atraer inversión hace falta la existencia absoluta de ese Estado de Derecho que se puede ver comprometido por las influencias que la corrupción ejerce en la misma administración de justicia, sobre todo si esa función recae sobre juzgadores deliberadamente selectos por su compromiso con la impunidad.
Pero como los detalles son tan importantes en este tipo de intercambios que pretenden abordar temas tan complejos, creo que es fundamental que cuando se explique un problema señalando su impacto en el tan ansiado como cacareado Estado de Derecho, vale la pena hacer al menos una acotación a parte de lo expuesto en el foro, simplemente porque si vemos el todo y no nos quedamos con el final que no nos gusta, posiblemente podríamos entender mejor las cosas.
Uno de los temas que en Guatemala han sido tema de permanente denuncia y debate son los fallos que ha dictado la Corte de Constitucionalidad en el tema de la minería que, a juicio de algunos empresarios, son una muestra de que no se respetan los derechos y por lo tanto se violenta la certeza jurídica. Y repiten hasta el cansancio que por culpa de esos fallos es que no tenemos inversionistas que estén dispuestos a venir a Guatemala porque, según dicen, resulta que “luego de haber cumplido con los trámites para obtener sus licencias”, las mismas quedan en suspenso o hasta sin efecto por un fallo del tribunal constitucional.
El punto crítico aquí es que nadie menciona el factor de la corrupción en el trámite de esas licencias que otorgan “derechos”. El Ministerio de Energía y Minas ha sido a lo largo de décadas enteras uno de los nidos de corrupción más importantes en el país y desde hace mucho tiempo es sabido que allí todo tiene un precio, que puede ser pago de dinero en efectivo o simplemente que el funcionario que autoriza se convierte, después, en alto ejecutivo de la empresa autorizada. Si en las instituciones públicas es un hecho aquello de que “nadie pasa sin saludar al rey” pagando la mordida correspondiente, en Energía y Minas la norma es absoluta, especialmente si se trata de concesiones mineras.
¿Puede considerarse una licencia obtenida mediante soborno como un derecho legítimo e inamovible? Por supuesto que todos sabemos que no, aunque así se hayan otorgado y creado infinidad de derechos en el país. Por supuesto que fallos que dejen sin efecto “derechos legítimos” son inaceptables. Tan inaceptables como derechos obtenidos como parte de la corrupción que ahoga al país y que se manifiesta por todos lados.
Simplemente es cuestión de contar toda la historia y no quedarnos solo con el final infeliz.
