Edwin Melini-Mc
Escuela de Derecho-Abogado-Consultor, Profesional, Académico
Si usted estimado lector por una afección en su salud, necesitase una cirugía de cabeza buscaría al mejor neurocirujano y no a otro tipo de especialista. Esto resulta obvio en muchas disciplinas y por lo tanto es aplicable a la selección y designación de los intérpretes constitucionales, que son quienes integran el órgano de control jurídico y político a quien la Constitución Política de la República designa la atribución de interpretar la Carta Magna y defender el orden constitucional.
Por ello es importante hacer un llamado al Presidente de la República y sus asesores, al Congreso de la República y sus asesores, a la Corte Suprema de Justicia y sus asesores, al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y sus asesores y a todos los agremiados y grupos interesados en la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, para que reflexionen con visión de largo plazo en que es necesario cambiar el enfoque que ha prevalecido hasta la fecha en la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad de designar personas que respondan a grupos de presión o interés, considerando que al margen de las ideologías, es necesario integrar ese alto tribunal con los mejores especialistas del país y no con profesionales especializados en otras disciplinas o sin experiencia, pero relacionados gremial, académicamente, profesional, políticamente o vinculados a sectores relacionados con poderes fácticos.
Para nadie que conozca el gremio de abogados resultará difícil integrar un listado de ilustres ciudadanos y profesionales que cuentan con el perfil idóneo para ejercer con dignidad, decoro y honestidad la magistratura constitucional, porque al igual que sucede en todas las profesiones, aquellos profesionales idóneos, sobresalen por sus valores, principios, formación, honestidad, integridad y otras características que les permiten contar con el reconocimiento gremial, profesional y social del país .
Bien se ha dicho que hasta el materialista más extremo tiene sus cinco minutos de filosofía y esto aplica directamente a quienes tienen la legitimidad y potestad de designar a los “intérpretes de la constitución”, por ello considero necesario hacer un llamado a la reflexión, a quienes tienen esa potestad legal, de que es necesario dejar por un lado a los oportunistas, a los políticos buscadores de rentas, privilegios y operadores, dejar atrás ese esquema de cartocracia en que prevalece el formulismo, clientelismo, oportunismo y medianía para priorizar el fortalecimiento del tribunal constitucional seleccionando a los mejores profesionales que cumplan estrictamente con los requisitos de capacidad, honorabilidad e idoneidad, que establece el artículo 113 de la Constitución Política de la República, porque ello generará un nuevo destino para todos los habitantes de la República de Guatemala y fortalecerá la institucionalidad enviando un mensaje claro con efectos económicos para toda la sociedad y la comunidad internacional, particularmente a los inversionistas y agentes económicos.
De ahí que es importante enumerar el perfil idóneo que se requiere para los jueces constitucionales y que se reduce a un listado de atributos indispensables y necesarios para cumplir con lo requerido por nuestra Constitución, los cuales me permito recordar así:
INDEPENDENCIA, PRECISIÓN EN SU ACTUACION, MODERACIÓN, CUIDADO Y RESPETO, CRITERIO, PREPARACIÓN ACADÉMICA, LIBERTAD ESPIRITUAL, VOCACIÓN ACADÉMICA, SENSIBILIDAD, (hombre de mundo, buen filósofo, incidentalmente un buen jurista –juez bueno-), ECUANIMIDAD, RELATIVISMO, CALMA RESPECTO A EXHALTACIONES, EQUIDAD, FIRMEZA ANTE INSTRUMENTALIZACIÓN, IMPARCIALIDAD, AMPLIA CULTURA, SERENIDAD PARA NO INTERFERIR EN LA FUNCION JUDICIAL.
Es indudable que dentro del universo de abogados colegiados que excede los 30 mil agremiados existen una gran cantidad de profesionales, éticos, probos, honestos, capaces, con competencias e idoneidad y el carácter suficiente para no dejarse manipular , ni instrumentalizar , lo que generará una ventana de oportunidad para fortalecer los precedentes constitucionales derivados de los controles de legalidad, juridicidad, constitucionalidad y convencionalidad, que generen certeza para todos los actores de la sociedad.
Es por lo anterior, que si aplicamos la ética del consenso para dar legitimidad al órgano de control jurídico y político, eligiendo y designando a profesionales idóneos especialistas expertos en derecho constitucional, independientemente de su ideología, daremos un paso claro en la dirección adecuada para fortalecer nuestras instituciones jurídicas y salir del círculo de estancamiento para avanzar hacia un Estado de Justicia.
