Samuel Flores
Nos unimos al clamor popular que demanda al gobierno, Ministerio Público, MP; Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, PNC, cumplir con su deber constitucional de velar por la seguridad de la población.
Basta ya de excusas, las autoridades deben accionar políticas de combate contra la delincuencia y abuso contra la niña y la mujer. Si las autoridades incumplen su función, deben ser removidas y nombrar a funcionarios eficientes, y no a políticos aprovechados.
El atroz asesinato de la niña Sharon Jasmine Figueroa Arriaza, de 8 años, ocurrido en Melchor de Mencos, Petén; el asesinato y violación de Hillary Saraí Arredondo de León, de 3, registrado en Tiquisate, Suchitepéquez, han encendido la discusión sobre la aplicación de la pena de muerte.
El secuestro y posterior rescate de una bebé en San Benito, Petén. Una amenaza de muerte y acoso en contra de una niña de 9 años, en San Marcos, por cuyo delito se giró orden de captura contra Walter Daniel Sical Orozco, incrementa el repudio de la sociedad.
Además de lamentar la pérdida de las niñas, hay que agregar el asesinato a “sangre fría” de más de 35 mujeres en lo que va del 2021, entre los que destaca la muerte de la técnica en investigación criminalística del MP, Luz María del Rocío López, cuyo cadáver fue encontrado en un tragante de la zona 2.
Es comprensible que las familias y la sociedad demanden captura, juicio y castigo para los responsables de esos delitos de violencia contra las niñas y la mujer en su manifestación física, psicológica, flagrancia y amenazas; sin embargo, también los políticos aprovechan ese clamor para mejorar su “imagen”.
El primero es Alejandro Giammattei, quien sugiere constantemente al Legislativo reactivar la discusión sobre la aplicación del Indulto presidencial, el cual permitiría aplicar la pena máxima. Otros políticos son el diputado Álvaro Arzú, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, y otros que aparecen públicamente enarbolando la pena capital cuando conocemos su rechazo a otras políticas de interés general en contra de los Derechos Humanos y desarrollo de la población indígena y campesina, especialmente del área rural. Los funcionarios oportunistas no aprovecharse del sufrimiento de las familias dolientes para desviar la atención a otros problemas que afectan a los más de 18 millones de guatemaltecos que afrontan falta de cobertura de servicios de salud, pobreza extrema, hambre y desnutrición.
Políticos y la sociedad estamos conscientes que la pena capital no puede aplicarse en Guatemala porque es signataria del Pacto de San José, y la Corte de Constitucionalidad la declaró inconstitucional en varios delitos.
Diputados de la oposición encabezados por la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, bancada Semilla, Winaq, y otras, así como el Instituto por la Democracia, ID; la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH; el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, y otros tanques de pensamiento, se oponen a la reactivación de esa ley.
