Por Jorge Santos
A veces pareciera que la elección y designación de las altas cortes del Sistema de Justicia en el país, es un tema exclusivo para abogadas y abogados y que la sociedad poco tiene que ver o entender en el tema. Incluso a veces suele pensarse que lo sucedido en la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Apelaciones y los juzgados poco incide en nuestra cotidianidad. Sin embargo, la realidad es otra y las decisiones que se toman en cada uno de estos órganos impactan en la vida democrática del país, en las instituciones públicas y en el bienestar, desarrollo y en el día a día de la población.
Si se hace memoria, se lee o estudia la historia de este país, se comprenderá que en el pasado, las decisiones judiciales estaban plenamente encaminadas a legitimar el autoritarismo y la imposición de un modelo de privilegios defendido a sangre y fuego, las decisiones del poder, sin importar las consecuencias sobre la vida de las personas. Aquellas decisiones de jueces y juezas dieron paso a uno de los más importantes cierres de participación cívica durante el siglo XX y con ello crearon el escenario perfecto para el Conflicto Armado Interno. Durante 36 años de guerra se contabilizan 200,000 víctimas directas, más de un millón y medio de desplazados, 45,000 desaparecidos y desparecidas, dentro de los cuales alrededor de 5,000 fueron niños y niñas. Jueces plegados a los intereses del proyecto oligárquico militar y su estrategia contrainsurgente, dieron paso a estos terribles hechos y con ello imposibilitaron el proyecto de vida de millones de habitantes.
Luego de la apertura democrática y más aún desde la firma de los Acuerdos de Paz, las decisiones de las altas cortes, han marcado en buena medida las posibilidades, mayores o menores de construir democracia. Si no fuera por decentes, profesionales y honorables decisiones Jorge Serrano Elías hubiera reinstalado una dictadura que tendría graves consecuencias hasta la actualidad. Más adelante, las decisiones de buenos profesionales de las ciencias jurídicas posibilitaron el enjuiciamiento a ex presidentes como Alfonso Portillo o el encarcelamiento de personas organizadas para extorsionar y aterrorizar a la población. Sin embargo, las malas e impunes decisiones también han permitido que las altas cortes se conviertan en un nido de corruptos e impunes capaces de resolver lo que sea para perpetuar el status quo y adquirir así otro nivel de vida que no podrían conseguir honesta y transparentemente. Criminales como Ríos Montt, Portillo, banqueros, funcionarios corruptos como Rabbé, el propio Giammattei o más recientemente Mynor Moto, entre otros, no gozarían de impunidad, si no fuera por esas decisiones tomadas en las cortes.
Esas decisiones, aunque alejadas muchas veces de nuestra realidad, tienen y tendrán impacto en nuestra vida cotidiana, en las posibilidades de construir democracia, desarrollo y bien común. Es por ello, que nuestra búsqueda es y seguirá siendo que la sociedad honesta exige de cortes apropiadas y no mafias que la corrompan.