Juan Antonio Mazariegos G.
El día de ayer, la Corte de Constitucionalidad, en un voto dividido, por mayoría de 3 de sus 5 Magistrados, dejó sin efecto la juramentación que llevó a cabo el Congreso de la República, del Abogado Mynor Moto, quien había sido electo por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios para integrar la Corte de Constitucionalidad, para finalizar el periodo 2016 – 2021, en remplazo del Magistrado Bonerge Mejía quien había fallecido.
De conformidad con los comunicados emitidos por la misma Corte de Constitucionalidad, los Magistrados que votaron en favor de conceder el amparo provisional y dejar sin efecto el acto impugnado, se basaron el artículo 156, párrafo segundo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que literalmente establece: “…La designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrán ser impugnadas conforme a la ley; pero mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.”.
El texto transcrito deja muy poco margen para la interpretación, si existían impugnaciones aún vigentes en el Colegio de Abogados, en contra de la elección del Licenciado Moto, el Congreso de la República debió esperar que las mismas se resolvieran de conformidad con la ley y hasta que dicha elección estuviera firme debió de haber juramentado al electo por la Asamblea del Colegio de Abogados.
Por supuesto, pedir al Congreso que entienda algo más allá del alcance de su interés no es factible, tal y como lo ha demostrado con la postergación absurda de la elección de Magistrados a integrar la Corte Suprema de Justicia y las distintas Cámaras que conforman el Organismo Judicial, sin duda, con el propósito de que la actual Corte Suprema de Justicia elija al Magistrado Titular y Suplente que representará a dicho organismo en la Corte de Constitucionalidad durante el periodo 2021 – 2026.
Entiendo perfectamente que los intereses que se juegan alrededor de la integración de la Corte de Constitucionalidad son gigantescos. Los primeros responsables de que esto suceda somos Nosotros, los usuarios, los interponentes, los Abogados que lamentablemente abusamos durante años del Amparo, volvimos parte del paisaje la frase “no hay ámbito que no sea susceptible de amparo”; y luego, la misma Corte de Constitucionalidad que fue incapaz de auto limitarse, expandiendo su poder hasta convertirse en Juez, Legislador y Gobernante. Hoy, centro del poder, meta final de todas las disputas y joya de la corona para cualquiera que desee el poder en Guatemala, no hay que sorprenderse de todo lo que ocurre y estará por venir en la re integración de esta Corte que está por finalizar su periodo y lo que habremos de ver en la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad.
