En su comunicado de ayer el Congreso sobre la abrupta juramentación de Moto, no explican claramente que su burda acción violatoria de la ley al juramentar a alguien cuando hay aún apelaciones pendientes de resolver fue producto de la urgencia por dar la estocada final al país. Imaginemos por un fantasioso momento que llegara a la presidencia alguien dispuesto a luchar contra la corrupción y procediera, de entrada, a remover a la inútil Fiscal General para nombrar a alguien que sí investigue esos delitos. La Corte de Constitucionalidad que están conformando se encargaría de dejar sin efecto la decisión y el Desconsuelo podría seguir como si nada.
Si tras una urgente y necesaria depuración del Congreso pudiera haber una mayoría de diputados dispuestos a revisar la Ley del Servicio Civil para acabar con los vicios, la Ley de Adquisiciones del Estado para terminar con las compras y contratos amañados y la Ley Electoral para sanear el sistema de partidos políticos y castigar los financiamientos ilícitos, todo lo que se hiciera sería detenido por la Corte de Constitucionalidad. Por eso es que están tan diligentes y ocupados en hacer toda clase de marrullerías.
Tantas que ya no les importa guardar apariencias. La Corte Suprema de Justicia marcó la pauta enviando a la CC a una figura cuyos antecedentes hablan por sí solos, no sólo en cuanto a ignorar la historia de los crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno, sino en ese acompañamiento constante al Pacto de Corruptos. Pero el caso de Moto es realmente paradigmático porque sus fallos como juez no tuvieron nunca el menor asomo de decoro para guardar apariencias y por ello ahora, en un desplante a la ciudadanía, se escoge al más cuestionado de los jueces como la persona que tiene que ir a imponer la mayoría criminal en la Corte de Constitucionalidad.
En otros tiempos hubieran buscado a alguien de esos que actúan “matalascallando” para no descarar sus intenciones. Pero el caso Moto, que se enriquece con los magistrados que lo “ampararon” ordenando al Congreso que lo juramente y con el listado los diputados que avalaron el acto ilegal, no deja ya lugar a dudas ni de qué se persigue ni del nivel de desesperación que tienen los que tratan de afianzar el reino de la impunidad para los corruptos.
Los grupos organizados de la sociedad han reaccionado indignados pero el ciudadano de la calle sigue impávido ante lo que está ocurriendo y será ese ciudadano quien sufra las graves consecuencias de la ruptura total del Estado de Derecho.
