Resulta increíble que ante la descarada ofensiva del Pacto de Corruptos para controlar la Corte de Constitucionalidad, sea desde Washington de donde nos vienen las más claras advertencias de lo que eso significa, sin que los guatemaltecos tengamos siquiera un aire con remolino para hacer ver nuestro rechazo a esas acciones burdas e insolentes.
En Washington entienden claramente lo que puede significar ese control que se pretende de la Corte de Constitucionalidad porque saben lo que eso puede significar en términos de lograr la captura total del Estado y la facilidad absoluta para que la corrupción impere sin contratiempos. Ya al día de hoy el peso de la corrupción en la vida nacional es inmenso y prácticamente ha destruido todas las instituciones públicas y se nutre del apoyo de importantes y poderosos segmentos del sector privado, pero con lo que ahora buscan se estará logrando la garantía absoluta de que nadie tenga, nunca más, que rendir cuentas y mucho menos sentarse en el banquillo de los acusados porque la Corte de Constitucionalidad, controlada por la mafia, se encargará de resolver cualquier problema que pudiera surgir.
Por eso el Congreso habla ahora de que somos un Estado libre, independiente y soberano en el que quienes tienen el poder pueden hacer lo que les venga en gana y el Estado de Derecho sale sobrando. Ni siquiera los cínicos diputados que votaron por la juramentación de Moto pueden creer en el cierre del comunicado oficial del Congreso que dice: “Reiteramos que la IX Legislatura del Congreso de la República mantiene su compromiso con el pueblo de Guatemala, el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la instituciones de seguridad y justicia para lograr una Guatemala segura, próspera y con gobernanza”.
Negarse a elegir Cortes hasta que puedan tener el control de la CC no es fortalecer el Estado de Derecho ni de las instituciones de seguridad y justicia y por esa actitud de nuestros políticos es que este país nunca será seguro, ni próspero, no habrá gobernanza. Juramentar a alguien cuando saben que hay recursos pendientes y que no procede acatar un fallo basado únicamente en el peregrino criterio de que “las circunstancias lo aconsejan” es una puñalada trapera que se le está pegando a la legalidad y que ha generado reacciones de preocupación en Washington y de indignación expresada en el país por organizaciones de la sociedad civil que entienden la dimensión del daño.
Pero es ahora cuando hace falta que toda la gente decente se exprese no sólo para marcar diferencias sino para detener el atropello final e irreversible que se pretende contra la posibilidad de que en el país impere realmente la ley. Hoy pareciera que se trata de un esfuerzo que beneficia sólo a los corruptos, pero debemos entender que es algo que nos perjudicará a todos gravemente porque la prostitución de la justicia termina afectando, indefectiblemente, a la gente decente que necesita de un régimen de Derecho para defenderse de los abusos prepotentes.
Lo que estamos viviendo no es un juego. Es la batalla final que libran los corruptos preocupados por haber perdido su principal soporte en la Casa Blanca.
