Emilio Matta

emiliomattasaravia@gmail.com

Esposo y padre. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Certificado en Métodos de Pronósticos por Florida International University. 24 años de trayectoria profesional en las áreas de Operaciones, Logística y Finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, empresario y columnista en La Hora.

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Emilio Matta Saravia
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El día de ayer por la noche, en Cadena Nacional, el presidente Giammattei dio a conocer algunos detalles del presupuesto para el 2021 que trabajó el Ejecutivo con algunos sectores, muy pocos, de la sociedad civil como supuesta atención del gobierno a uno de los grandes reclamos de la población que derivaron en manifestaciones masivas a finales del año pasado pidiendo su renuncia y la de la junta directiva del Congreso, entre otras demandas. El tema del presupuesto en si será tema de análisis en otra columna.

“Casualmente” el día de ayer se da esta cadena donde el presidente anuncia con bombos y platillos un presupuesto donde promete austeridad, calidad del gasto público, transparencia y rendición de cuentas (aunque la experiencia nos dice que el presidente no cumple sus promesas, como fue el caso del “cierre” del Centro de Gobierno o de la “investigación” del actuar del ministro Reyes y su responsabilidad en la violenta represión de las manifestaciones pacíficas de noviembre y diciembre del año pasado), pero que en el fondo se utiliza el tema presupuestario como una cortina de humo para distraer la atención de los medios de la juramentación por parte del Congreso de la República, otra vez con nocturnidad y alevosía, de Mynor Moto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Obviamente es interés del mandatario y de sus allegados en el Congreso el nombramiento de Moto Morataya como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ya que estarán colocando un importante alfil para controlar la corte de mayor jerarquía en nuestro país, y con ello, tendrán a todos los poderes del Estado (incluyendo a quien vigila y no actúa desde Gerona) a su disposición para la consecución de sus objetivos: saquear a manos llenas las arcas del Estado. Obviamente esta jugada, al igual que muchas otras previas, tendrá enormes repercusiones en un sinnúmero de ámbitos del acontecer nacional, incluyendo la economía.

No entender que se está jugando con fuego al poner a todos los poderes del Estado al servicio del mejor postor (incluyendo al crimen organizado) es un error que se pagará muy caro más adelante. El narcotráfico aún lo vemos muy lejos de la capital por ser una actividad que se desarrolla principalmente en áreas rurales debido a que sus operaciones requieren clandestinidad. Sin embargo, cuando este tenga a su entera disposición los servicios del Estado, no dudará en incursionar en la industria, comercio y banca, con funestas consecuencias, principalmente para los empresarios de los sectores mencionados y para la economia en general, ya que no tendrán el músculo financiero necesario para enfrentarse con una verdadera máquina de hacer dinero, como lo es el narco. La probabilidad de que este escenario ocurra en Guatemala es cada vez más alta, ya que las mafias estatales únicamente responden a los incentivos económicos.

Será muy difícil atraer inversión extranjera a un país donde las mafias han copado todas sus instituciones y las han puesto al servicio del crimen organizado para garantizar impunidad a quienes tengan los medios para comprarla.

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