Carlos Rolando Yax Medrano
El pacto terminó 2020 más urgido que nunca y, en consecuencia, comenzó 2021 con más intensidad que la de siempre. El lunes 18 de enero fue electo Mynor Moto como Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad, para ocupar la vacante que dejó Bonerge Mejía tras su fallecimiento, de parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Pero esa es, apenas, la primera parte del plan.
Conforme al orden del día para la primera sesión ordinaria del Congreso de la República, celebrada el martes 19 de enero de 2021, se debía convocar a los profesionales del Derecho para optar a los cargos titular y suplente de Magistrado de la Corte de Constitucionalidad a ser designados por el Congreso de la República para el período 2021-2026. Luego debía tener lugar la interpelación al Ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y después debían distribuirse las comisiones de trabajo. Sin embargo, se modificó el orden del día y se aprobó que, antes de interpelar al Ministro de Gobernación, era más importante definir las Presidencias de las comisiones de trabajo.
Cuando finalmente se distribuyeron las comisiones se dio lugar a la interpelación, pero como la mayoría de los diputados se habían retirado no hubo quórum y se suspendió. A pesar de que la Constitución Política de la República establece que ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna, podrá limitar a los diputados el derecho de interpelar, al final la interpelación no tuvo lugar porque 102 diputados se ausentaron del trabajo por el que se les paga, como mínimo, Q24 mil al mes.
Lo ocurrido solo confirmó que en Guatemala al Estado no le interesan los derechos humanos. Si un funcionario público actúa en contra de los derechos constitucionales no habrá consecuencias, sin importar si se lanzan bombas lacrimógenas a ancianos y niños o si se arrestan a personas inocentes (aquí sí se ha vulnerado el derecho y el principio de presunción de inocencia). El sistema funciona de manera que se exima de responsabilidad a los malos y se castigue a los inocentes.
El peligro no cesa. Además de mantener a un agresor a cargo del mantenimiento de la paz y la seguridad de la población guatemalteca, se asignó la Comisión de Derechos Humanos al Partido Unionista. Su jefe de bloque es Álvaro Arzú Escobar, quien en 2019 retuvo Q20 millones para afectar el funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos e intentó remover del cargo a Jordán Rodas. El colmo es que una de las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos es plantear ante el Pleno del Congreso la cesación de las funciones del Procurador de los Derechos Humanos y, probablemente, Álvaro Arzú Escobar será nombrado como Presidente de la comisión.
La elección de Mynor Moto, como hubiese sido también la de Estuardo Gálvez, se hizo para asegurar el mantenimiento del sistema, un sistema corrupto que procura la impunidad. Y debía hacerse antes del 20 de enero, día de la asunción de Joe Biden como Presidente de los Estados Unidos. Con sus secuaces en la Corte de Constitucionalidad, el pacto procederá a elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, según el orden del día para la segunda sesión ordinaria del Congreso de la República a celebrarse el jueves 21 de enero de 2021. Pero no hay que olvidar que el combate a la corrupción y el fin de la impunidad son ejes prioritarios para la misión de Estados Unidos en Guatemala. El pacto sigue en jaque.
