Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Los problemas, complicaciones y hasta las satisfacciones de la vida diaria nos consumen y queda poco tiempo para pensar en lo que pasa afuera de nuestro más cercano círculo de relaciones. Por ello no nos damos cuenta que el país va al despeñadero porque, tristemente, los únicos que están concentrados en hacer su tarea son aquellos que se han unido expresamente con la intención de asegurar la captura total de las instituciones del Estado para garantizar la inmunidad que requieren por los excesos y abusos que cometen en el saqueo de los fondos públicos.

Todos hemos visto o nos hemos enterado de cómo avanza el pacto para garantizar el control de las instituciones de justicia, apuntando ahora a la Corte de Constitucionalidad porque ya vieron que es en esa instancia donde se estrellan todas sus argucias. Y de esa cuenta se han propuesto, y están a punto de lograrlo, que desde ahora la CC pase a ser un instrumento a su servicio para estar tranquilos de que pueden conformar el resto de las Cortes como les dé la gana y de acuerdo a lo que ya está pactado con los que hicieron romería para visitar a Gustavo Alejos.

Esto no es una sencilla escaramuza en la que unos pocos quieren sacar provecho. Es un esfuerzo serio y sostenido para destruir por completo la institucionalidad en Guatemala y el efecto de ello lo vamos a sufrir todos. Empezando por la misma economía porque no podremos vivir eternamente de las remesas familiares que envían los migrantes y no vendrá inversión extranjera sana y productiva mientras exista esa ausencia de un verdadero Estado de Derecho. No podremos los ciudadanos, en caso de un conflicto legal, confiar en que la justicia será administrada con apego a la ley porque ya sabemos que se están buscando jueces que fallen de acuerdo a otros intereses que nada tienen que ver con la verdadera administración de justicia. Y eso no se aplica sólo al ámbito penal, sino a todas las ramas del derecho y veremos distorsiones en los juzgados de trabajo, en los juzgados de familia, en los juzgados del ramo civil y administrativo porque la contaminación será general y absoluta.

Podemos seguir volteando la vista a otro lado y hacernos los desentendidos de lo que está ocurriendo pero más temprano que tarde sufriremos las consecuencias. La semana pasada el empresario Salvador Paiz decía que le preocupa el cada vez más notorio papel que juega el narcotráfico en nuestra política, mientras la gente se entretiene en el debate entre chairos y ultraderechistas. Señala cómo han logrado control de territorios financiando campañas de políticos locales pero advierte que ya van tras el gran poder porque así pueden operar a sus anchas. El señor Paiz no lo dice, pero hay que afirmar que la brecha, el camino que está siguiendo el narco para controlar al Estado, fue marcado por el financiamiento que poderosos grupos económicos hicieron en las campañas políticas para operar, junto a los políticos, también a sus anchas.

El panorama del país es deplorable porque hemos tolerado y permitido la destrucción de la institucionalidad y si no hacemos algo, tomando en serio el problema, lo vamos a pagar muy caro.

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