El abogado Alfonso Carrillo presentó una acción ayer ante el Colegio de Abogados para que se anule el proceso de elección que se lleva a cabo y que tiene como finalistas a los abogados Mynor Moto y Estuardo Gálvez porque la Junta Directiva obvió exigir que se acreditaran los requisitos que la Ley específica requiere para optar al cargo de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, además de que tampoco se pidió acreditar el cumplimiento con los requisitos constitucionales de capacidad, idoneidad y honradez.
Lo más lógico es que como todos se tapan con la misma chamarra, la Directiva desestime la acción de Carrillo y éste tenga que presentar, en consecuencia, un amparo para que se preserve el Estado de Derecho que establece requisitos indispensables para quienes optan a cargos públicos y específicos, en este caso, como la acreditación de los años de ejercicio profesional que señala la norma específica.
Ahora bien, aún en el caso de que prospere la acción de Carrillo, sea en el Colegio o en posterior Amparo, lo que tiene que destacarse es que si bien existen fundadas razones para que los abogados probos y decentes se hayan ido apartando de las actividades gremiales por el ritmo que ha adquirido la política en el Colegio, donde también son financistas los que finalmente ponen y quitan autoridades, como pasa con el país mismo, se hace necesario que en esta ocasión se produzca una avalancha de decencia para impedir que personajes como los señalados, que tienen abundantes tachas, terminen siendo los que lleguen a la CC.
No olvidemos que está en juego mucho porque la Corte de Constitucionalidad es ahora la joya de la corona en la que han puesto todos los ojos los miembros del Pacto de Corruptos y por lo tanto para ellos es vital asegurar que todos los que lleguen a ese tribunal sean “gente de confianza” que haya pactado para convertirse en instrumentos a favor de promover el régimen de impunidad para los que se benefician con las distintas formas de corrupción.
El dinero sucio no se ve solo en la política partidista sino también en la actividad académica y no puede descartarse que hasta los narcos estén financiando esas actividades. Ayer un empresario decía que el mayor peligro que hay es el de la influencia política de los narcotraficantes, pero se le olvidó decir que los empresarios abrieron la puerta con su financiamiento de las campañas y que lo que ahora asusta es que con los narcos no podrán ni competir en esas malas prácticas que instauraron.
