Una Fiscal General cuya principal función ahora es la de proteger a Giammattei y su equipo a cambio de la promesa de ser reelecta. Foto La Hora

Ayer se anunció que bajo la dirección del Vicepresidente de la República la comisión encargada del análisis del tema presupuestario busca implementar una Comisión de Auditoría Social para asegurar el buen uso de los recursos y la necesaria transparencia, según lo explicado por el Ministerio de Finanzas. Obviamente la auditoría social es indispensable, sobre todo cuando la auditoría institucional que debiera realizar la inútil Contraloría de Cuentas es inexistente, pero debemos entender que el campo de acción de cualquier esfuerzo de la sociedad es limitado porque el sistema está hecho para facilitar, apañar y ocultar los negocios ilícitos que son el motivo esencial de la función pública en Guatemala.

A lo largo de muchos años distintos grupos de la sociedad y la misma prensa se han ocupado de realizar esa auditoría sin que sus resultados sean tomados en cuenta, no sólo por los ejecutores del gasto público sino esencialmente por los entes encargados de la persecución penal. No es el ideal que la corrupción se tenga que combatir sólo con juicios penales, pero tampoco es tolerable que sea ignorada deliberadamente por el Ministerio Público capturado por el Pacto de Corruptos desde que fue nombrada por Jimmy Morales una Fiscal General cuya principal función fue protegerlo a él y a los suyos, como es ahora su función la de proteger a Giammattei y su equipo a cambio de la promesa de ser reelecta como titular de esa importantísima dependencia del Estado.

Mientras no cambiemos las reglas de juego y se establezcan procedimientos que privilegien la transparencia, todo lo que se diga al respecto es pura paja para aplacar las críticas temporalmente. Mientras la Comisión de Finanzas del Congreso siga teniendo como principal función distribuir en el listado geográfico de obras el “moco” para tanto diputado y funcionario, de nada servirá que los ciudadanos nos mantengamos haciendo auditorías que terminan siendo como la “vigilancia” que mantiene el Ministerio Público bajo la dirección de Consuelo Porras.

No se pueden pretender resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo y eso es absolutamente categórico. Tan categórico como que es imposible esperar que estos diputados puedan en algún momento aprobar alguna ley que busque la transparencia cuando sabemos cuáles son sus ambiciones y sus intenciones. Nunca se reunirá ni siquiera la mayoría simple constituida por la mitad de los integrantes del Congreso para lograr una legislación que termine con las enormes facilidades que tienen políticos y particulares para repartirse impunemente los fondos que debieran servir para impulsar oportunidades para toda la población y mejorar el nivel de desarrollo humano.

Redacción La Hora

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