Hoy se publicó en el Diario Oficial el acuerdo que pone fin al polémico Centro de Gobierno que el Presidente Giammattei creó para encomendarle a Miguel Martínez la tarea de ser una especie de coordinador general del gabinete, con capacidad para supervisar y hasta controlar la función de los Ministros de Estado, lo que lo convirtió en la persona más poderosa del régimen, con poderes que fueron comparados con los que llegaron a tener en sucesivos gobiernos Sandra Torres y Roxana Baldetti, con la salvedad de que ésta última al menos estaba ejerciendo sus funciones constitucionales en calidad de Vicepresidenta de la República.
El Centro de Gobierno se convirtió en el centro de la atención de la ciudadanía desde su creación por la relación entre el gobernante y el titular de esa poderosa oficina que hasta llegó a convertirse algo así como un Gabinete Sombra porque tenía “asesores” por cada uno de los ministerios que eran los encargados de supervisar de manera directa la función de los ministros.
Y cuando se produjo la reacción ciudadana ante la aprobación cínica de un presupuesto como instrumento de la corrupción, crecieron los reclamos sobre el destino de los fondos públicos y se convirtió en tendencia la pregunta de dónde está el dinero y se pusieron los ojos en el Centro de Gobierno sobre el que se trató de mantener un velo de misterio, al punto de que hasta presentaron una denuncia penal por supuesto “acoso” realizado por periodistas de Plaza Pública en su investigación sobre la figura pública de Miguel Martínez.
Esa intención de encubrir fue un tiro por la culata porque disparó más dudas que respuestas y la gente tomó en cuenta la resistencia al escrutinio que debe hacerse sobre cualquier persona que desempeña funciones públicas. No puede ser que alguien se quiera proteger alegando derecho a su vida privada cuando lo que se está investigando y de lo que se quiere informar son cuestiones relacionadas con su vida pública. El desempeño de ese tipo de funciones expone a todos los que las asumen a que sean objeto del interés de la ciudadanía y la prensa tiene no sólo el derecho sino hasta el deber de indagar para publicar hechos, no inventos ni rumores, sino realidades que tengan que ver con la forma en que se desempeña esa función.
Personalmente creo que fue un error grave, muy costoso políticamente, colocar a Martínez en esa posición no sólo por el hecho de sus relaciones sino tomando en cuenta la falta de experiencia para convertirse en un coordinador de todo el gobierno pues sus funciones iban más allá de los Ministerios y tenían que ver con todas las dependencias del Ejecutivo.’
Y la disolución no llega como consecuencia de un proceso de reflexión interno sino por las presiones externas y la demanda de la opinión pública que, sin duda, mantendrá el ojo puesto en el futuro de Martínez, sobretodo si es que asume algún cargo en la administración, tal y como pasó con el ex ministro de Salud que en vez de ser procesado recibió el premio de encargarse de la lucrativa construcción de nuevos hospitales.
En todo caso, estamos frente a uno de los mayores reveses del actual gobierno.
