David C. Martínez Amador
El pasado 9 de diciembre se celebró el día anual del combate contra la corrupción. A lo largo y ancho el continente los eventos oficiales en instituciones públicas tomaron lugar para conmemorar la fecha; jurando y perjurando que se hace lo imposible (e incluso demás) para combatir la corrupción.
El combate a la corrupción va en paralelo no solamente con llenar las cárceles de funcionarios corruptos. Si bien lo anterior es necesario, en realidad los pasos esenciales en esta agenda transitan por la construcción de la cultura de la legalidad, la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, (la rendición de cuentas con enfoque comunitario), el gobierno abierto, e-goverment etc…
Durante los años del ´gobierno Patriota´, la vicepresidencia de la República adjuntó a su estructura la secretaría contra la corrupción. Espantosa decisión pues ningún instrumento politizado (´sumiso´ al propio ejecutivo que se busca fiscalizar) puede funcionar. El resultado fue más que esperado, la rampante corrupción el Partido Patriota pasó completamente no detectada para la institucionalidad local que dependía de un u otra forma del Ejecutivo. Algo de lo anterior perfectamente puede suceder con la actual Secretaria Presidencial contra la Corrupción. El error está en el diseño pues de nueva cuenta, la instancias que emanan del Ejecutivo (cuyos nombramientos y asignación de presupuesto dependen de él) carecen de incentivos racionales para evitar se politizadas. En otros contextos, estos instrumentos requieren que el Poder Legislativo (dando espacio a la oposición) realice los nombramientos correspondientes precisamente, para asegurarse que no existan incentivos perversos de politización ¿Qué tuvo de interesante la experiencia CICIG? Pues que lograba hacer de la agenda anti corrupción un proceso de Estado y menos, una agenda politizada sumisa a los intereses de turno.
Alejado de experiencias cómo la anterior que por su diseño y contexto lograban eliminar las influencias normales en todo régimen presidencial sobre las agencias estatales, lo cierto es que la agenda contra la corrupción (en condiciones normales) requiere de la buena fe del mismo sistema que eventualmente puede llegar a ser fiscalizado.
Se requiere además de funcionarios que hayan internalizado la noción de ´tolerancia cero´. Y se requiere también de ciudadanos maduros, responsables y que hayan encontrado el hartazgo en toda una serie de prácticas intolerables. Aquí algunas: Contratos irregulares, plazas fantasmas, el contrato de ´bachilleres´ en renglón de 029 con salarios onerosos, nombramientos sin base meritocrática alguna en las carteras, concesiones irregulares, contratos ´amañados´, contrato de familiares, asignaciones ´a dedo´ de proveedores del Estado, funcionarios que son al mismo tiempo funcionarios y proveedores del Estado; estructuras paralelas que arreglan el cobro de impuestos (o la devolución de los mismos), fondos discrecionales, fideicomisos sin fiscalización, aumento de salarios y dietas sin justificación alguna.
Sobran los ejemplos.
Y es hartante de verdad.
