Alfonso Mata
Cerca de cinco mil o más de diez mil. Desde hace décadas se sabe que en una epidemia es importante a los servicios de salud, prestar atención desde la devastación inicial hasta la larga cola de la recuperación a todos los niveles de la sociedad y es fundamental proteger la salud y el bienestar de las personas y comunidades afectadas. La información precisa y oportuna sobre los grupos a riesgo, la mortalidad y la morbilidad es el punto de partida fundamental para respaldar la conciencia pública y social para la gestión de desastres, en donde la tarea central del sistema de salud se vuelve impulsar acciones de salud pública para salvar vidas y prevenir mayores impactos en la salud.
En la actual pandemia de COVID-19, hemos visto que lo anterior en nuestro medio, se está dando con una falta de recopilación de datos de mortalidad y morbilidad de manera precisa y constante, socavando la capacidad de la nación para proteger a su población. La información sobre la mortalidad y morbilidad relacionada con los desastres, agrega valor en todas las fases del ciclo de gestión de desastres.
En Guatemala padecemos de desastres sobre desastres, pero lo increíble -y reto a las autoridades a que nos demuestren lo contrario- en el presupuesto nacional no se menciona ni estructura en base a lo que está sucediendo, pues carece de instrumentos adecuados para determinar la magnitud de los daños. A medida que se desarrolla un desastre, morbimortalidad y riesgo son datos cruciales para orientar las prioridades de respuesta y recuperación, garantizar una imagen operativa común y una conciencia situacional en tiempo real entre las partes interesadas, y proteger a las poblaciones vulnerables y los entornos con mayor riesgo. Los mensajes de salud pública formados por datos precisos de morbilidad y mortalidad son fundamentales para comunicar información vital al público, protegerlos de los peligros actuales y futuros, e impulsar acciones de protección por parte de los responsables políticos y otros líderes. Nada de eso, fuera de cifras dudosas ya señaladas por estudios de otros colegas, muestran lo ineficientes que hemos sido en ello hasta la fecha.
Durante el intervalo entre pandemias como es el que vivimos, los datos de morbilidad y mortalidad así como de riesgo proporcionan la base para las actividades de evaluación, prevención, mitigación y preparación diseñadas para reducir la morbilidad y la mortalidad a fin de paliar a que la pandemia continúe de forma violenta y amortiguar su evolución. En algunos casos, estos datos también pueden informar acciones que pueden incluso prevenir desastres futuros. Algo de esto se ha hecho pero mal; ello lo podemos comprobar con el aumento de casos de desnutrición que va de la mano de los de coronavirus e ignoramos si la morbilidad por otras causas lo ha hecho también.
Gran parte del descontento político nacional es debido a que, en lugar de mejorar la respuesta a los desastres y conducir a una evaluación más justa y precisa de su alcance, de atender los tipos y las causas de su morbilidad y mortalidad e impulsar cambios en las políticas, prácticas y comportamientos que evitarían el sufrimiento y salvarían vidas, el gobierno parece incompetente y sumido en el desconocimiento y falto de interés para apoyar a los más necesitados.
