Una de las movilizaciones importantes que se dieron en esta semana fue la de los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, a quienes se sumaron representantes del Parlamento Xinca y dirigentes indígenas de Sololá, quienes traían un pliego de peticiones que querían entregar a las autoridades para expresar su rechazo a la corrupción que tanto daño hace a sus comunidades, mismas que terminan pagando el pato de la política nacional de saqueo de aquellos fondos públicos que debieran invertirse para promover el bienestar de la gente. Mientras la multitud deambulaba esperando ser atendida, la gente de gobierno estaba ocupada renegociando con sus aliados el Presupuesto cuya aprobación encendió a la población.
Históricamente los pueblos indígenas en Guatemala no han contado ni son tomados en cuenta por las autoridades, aunque es de reconocer que luego de los acuerdos de paz por lo menos se estableció formalmente no sólo su reconocimiento sino la obligación de incluirlos en el escenario político nacional del que fueron eternamente marginados. Pero los acuerdos de paz fueron deliberadamente engavetados desde su mismo principio cuando el gobierno de Arzú no movió un dedo para implementarlos como el cimiento de un nuevo orden social para prevenir futuros conflictos.
En julio de este año se dio el penoso incidente en Comalapa donde la petición ponderada de una autoridad indígena sacó de quicio al presidente Giammattei que terminó perdiendo no sólo los papeles sino los estribos, arremetiendo en forma por demás abusiva en contra de quien respetuosamente se había dirigido a él para expresar las demandas de su comunidad. Es cierto que el carácter del gobernante es impulsivo y violento, lo que pueden confirmar todos los reporteros que han tenido la oportunidad de abordarlo y formularle preguntas que le desagradan, pero la reacción que tuvo en Comalapa fue airada y obviamente tuvo un profundo simbolismo respecto a la relación entre la autoridad nacional y la población indígena.
Con justa razón Rigoberta Menchú le hizo ver al pernicioso Secretario General de la OEA que el tal diálogo que promueve el gobierno como instrumento para poner fin al descontento popular no sólo no toma en cuenta a los sectores más olvidados y marginados de la población del país, es decir a los pueblos originarios, sino que además es un encuentro entre pares en el que destacan los que han estado totalmente de acuerdo con promover el régimen de impunidad que es el cimiento más efectivo que tiene la dictadura de la corrupción contra la que la ciudadanía ahora está protestando.
Porque tras los violentos sucesos del sábado anterior, cuando la gente salió a la calle para protestar por la forma en que fue aprobado un Presupuesto que era una especie de cheque en blanco para los saqueadores del país, ahora la demanda es ya más amplia y no se queda en ese instrumento financiero sino que la gente, con toda razón y visión, ha entendido que el asunto es más serio que el tema del presupuesto que, al fin y al cabo, es apenas una demostración de cómo operan esas fuerzas oscuras que han capturado al Estado.
Pero es obvio que el indígena no bajará sumisamente la cabeza y que reclama derechos que le corresponden, lo cual cambia de manera importante el escenario tradicional.
