Walter Juárez Estrada
Esta en duda la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, al denunciar diputados no afines a Sandra Torres, la presión del presidente Alejandro Giammattei, para suspender la asamblea general que iba a realizar violando normas constitucionales y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el argumento que el Ministerio de Salud, recomendaba no realizar el evento, sino se tomaban las previsiones protocolarias sanitarias por el coronavirus.
La UNE acusa a Giammattei, de haberse reunido en secreto con los magistrados, a cambio que el ejecutivo les trasladara una millonaria suma de dinero, para el próximo ejercicio fiscal de ese tribunal. El presidente Giammattei, debe aclarar la denuncia y si es real como dicen los dirigentes de la Unidad Nacional de la Esperanza, se estarían repitiendo los vicios del pasado. Los dirigentes de ese partido, ya tenían programado realizar su asamblea a igual que otras instituciones de derecho público donde se abortaría el caso de la ex secretaria general y frustrada aspirante presidencial.
Es sabido cómo fueron elegidos los magistrados del TSE, su presidente Mynor Franco, cuando fue magistrado de la CSJ votó en favor de Torres, que tras bambalinas manipula al presidente Giammattei y a los jueces para no ser condenada por financiamiento ilícito y tiene prohibido participar en eventos políticos, por tener arresto domiciliario. En el proceso de selección y elección de los magistrados, se margino a abogados de prestigio que no se iban a plegar a favorecer a los del llamado pacto de corruptos y es aquí donde el pueblo debe seguir de cerca el trabajo de ese organismo y presionar para discutir y aprobar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y no prestarse a juegos sucios.
Tenga o no razón la UNE serán otras instancias las que deberán darle la razón. Pero para los estudiosos del derecho se violó el artículo l39 de carta política y consideramos que el acuerdo 360-2020 del TSE es ilegal y si es verdad que Giammattei, accedió la petición de los magistrados en incrementar el presupuesto para el TSE por más de l75 millones, a cambio de “favores políticos”, lo que sería otro error del mandatario, cuando el personal de salud expone su vida para salvar a los afectados por el virus, exigiendo mejores salarios y les pagan salarios con meses atrasados, como lo han denunciado por irresponsabilidad de las autoridades de salud.
Varios partidos políticos entre ellos la UNE tenían programado realizar sus asambleas, pero los magistrados se retractaron en su decisión y les prohibieron ilegalmente realizar el evento, accionando en la CSJ impugnando tal negativa que los recurrentes consideran que es violatoria a la Constitución a instancias del presidente Giammattei, que no respeta la independencia de poderes, a decir de los afectados, hechos que por supuesto tienen que ser probados en los órganos jurisdiccionales superiores. Lo cierto es que el jefe del ejecutivo, ha tenido reuniones con la destronada secretaria general de la UNE que pende de ser condenada por financiamiento ilícito y de ser sentencia, tendría tácita prohibición para participar en política.
