Sandra Xinico Batz
Hasta ayer aún había decenas de personas en los techos de su vivienda, para resguardar sus vidas ante las inundaciones. Una vez más son las comunidades organizadas las que buscan como rescatar a las personas que han quedado atrapadas, el gobierno no sólo está ausente, sino que descaradamente han manifestado no tener los helicópteros necesarios para evacuar a quienes lo necesitan con urgencia; mientras la gente espera ser rescatada el helicóptero presidencial sobrevuela una de las áreas devastadas, teniendo espacio para más personas que piden auxilio desde abajo, les ignora y continúa su vuelo. Este es el tipo de Estado que tenemos, uno que nunca está preparado más que para robar. El señor Giammattei está sugiriendo que se utilicen para la emergencia los millones que fueron recientemente incautados y que se “desconocen” su procedencia, como si no supiéramos lo que ocurre con el dinero que cada vez que se dan este tipo de desastres o lo que ha ocurrido con los fondos y préstamos adquiridos para la emergencia de la pandemia: corrupción, robos y más corrupción. Pero el señor presidente se enoja y se pone eufórico cada vez que le preguntan ¿qué ha pasado y dónde están los 135 millones que se perdieron en el Ministerio de Comunicaciones?
Cientos de personas volvieron a perderlo todo. La solidaridad y la empatía es nuestro sustento, pero no es suficiente ya que han perdido sus viviendas, sus cosechas, sus patrimonios. Las personas necesitan tierra para vivir y para cultivar sus alimentos, sus hogares quedaron completamente destruidos. Alta Verapaz, una de las regiones más afectadas, es también una de las regiones más empobrecidas del país, el racismo ha forzado a desplazarse a miles de q’eqchi’ que mantienen una afrenta contra el extractivismo que les ha despojado por generaciones y que les ha encarcelado por defender los ríos, los mismos que esta vez se desbordaron debido a toda la devastación que han provocado las empresas extractivas en sus cauces. Las consecuencias de la devastación provocada por las grandes industrias la pagan los pueblos, los costos de la destrucción provocada por el extractivismo lo terminan asumiendo las comunidades; todo esto con beneplácito del Estado guatemalteco que defiende a los criminales y criminaliza a quienes defienden la naturaleza.
No salimos de una para hundirnos en otra.
Hay comunidades cuyas carreteras o caminos que quedaron destruidos en tormentas pasadas, jamás fueron reparadas, han quedado inaccesibles desde años atrás sin que a los gobiernos les haya interesado su situación. No podemos olvidar lo que ocurrió hace en 2018 con la erupción del Volcán de Fuego, pues de aquella tragedia aún existen familias que no tienen donde vivir y que pasaron más de un año en un albergue, una tragedia que puedo evitarse pero que como siempre ocurre en este país, el gobierno (sea cual sea) nunca está preparado para hacer el trabajo que le corresponden y por el cual le pagan a decenas de funcionarios que se hartan a costillas de un pueblo con hambre y desnutrición.
