Jorge Morales Toj

Maya K’iche’, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, con estudios de Maestría y Doctorado en Derecho Constitucional. Pacifista y Defensor de los Derechos Humanos.

post author

Jorge Morales Toj
jorgemoralestoj@gmail.com

Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 237 establece que “El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y los gastos por realizar”.

La Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 define que: “Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales”.

El contexto histórico que vive el país y el mundo, en medio de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 implica hacer el mayor esfuerzo de contener los efectos post Covid-19. Eso implica desarrollar esfuerzos de reactivación económica en áreas estratégicas para el país, especialmente a apoyar la producción de alimentos, especialmente en al área rural del país.

El presupuesto propuesto por el organismo Ejecutivo para 2021 es de Q99,700.0 millones. En un estudio desarrollado por el ICEFI denominado: “Guatemala elementos de análisis y propuesta para fortalecer el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021”, se establece: “En el proyecto de presupuesto para 2021 se recomienda una asignación de Q4,560.8 millones para el RES, de la cual es notoria la prioridad para los proyectos de infraestructura vial que ejecutaría el MCIV, absorbiendo el 63.2% del total (Q2,882.0 millones). Como notoria es también la escasa importancia del componente social de la RES, ya que se recomienda que solo 11.0% (Q500. millones) se asigne al Mides, de lo cual 6.6% (Q300.0 millones) se destinaría a financiar transferencias monetarias y 4.4% (Q200.0 millones) para la Gran Cruzada por la Nutrición. El apoyo para los pequeños productores del sector agrícola tampoco parecen ser prioridad en el RES del proyecto de presupuesto para 2021, ya que se recomienda asignarles solamente el 8.7% del total (Q395.0 millones), desagregándose en numerosos destinos: sistema de riego con Q150 millones; estructuras de conservación de suelos con Q50 millones; construcción de centros regionales de acopio, con Q25 millones; financiamiento del Sistema Nacional de Seguro Agropecuario con Q65.0 millones; Fondo de Garantía (capitalización del fideicomiso Guate Invierte) con Q50.0 millones; financiamiento para el Sistema Nacional de Reservas Estratégicas de Alimentos con Q25.0 millones; y, el proyecto Agrosilvopastoril con Q30.0 millones”.

En materia de acceso a la tierra El Estado de Guatemala a través del FONTIERRAS propone una asignación presupuestaria de 57 millones para la compra de 5 fincas para atender a 250 familias; 64 millones para atender 25 mil arrendamientos de tierra y 17 millones para capital de trabajo. Con la asignación de esos recursos para atender las demandas de acceso a la tierra en el campo, jamás saldremos de la pobreza.

Ante estas injusticias presupuestarias, es urgente que la Comisión de Finanzas del Congreso, enmiende la propuesta de presupuesto para el 2021 y garantice recursos para el desarrollo rural. Es necesario que se triplique los recursos para el FONTIERRAS, se amplié el presupuesto del MAGA y ampliar recursos para la Gran Cruzada por la Nutrición.

Artículo anteriorApuntando a su corazón
Artículo siguienteProtección del “whistleblower” y las acciones qui tam como mecanismos contra la corrupción