David Barrientos
El prolongado enfrentamiento armado interno guatemalteco termina oficialmente por decisión política en el año 1996. Sin embargo, Guatemala no sale de la confrontación, misma que se convirtió en un negocio en la gestión de reparaciones económicas, desafortunadamente estas no han sido proporcionales al daño general ocasionado a miles de guatemaltecos. No son ningún secreto los millonarios recursos destinados al resarcimiento otorgado con fondos provenientes del erario nacional, dado a personas afectadas y aprovechadas del conflicto armado interno de manera selectiva o discrecional; la base de los afectados por el conflicto no fue atendida de forma imparcial y racional; los dudosos manejos al respecto desde entidades estatales han sembrado desconfianza. Si se auditaran los cientos de millones que se han dado por reparaciones podría haber sorpresas muy desagradables para las víctimas directas o indirectas del conflicto armado.
Tampoco es malo que se haya resarcido a quienes efectivamente integraron los cuadros operativos subversivos, solo se expone que es responsabilidad de quienes ejercen el poder y administran los recursos del Estado, saldar las cuentas pendientes atendiendo a los olvidados exsoldados guatemaltecos; tema ignorado que estará vigente mientras no se atienda a quienes derramaron fehacientemente su sangre en la intestina lucha guatemalteca; además, resulta paradójico que a quienes atacaron al Estado, el mismo Estado los resarció; y a quienes defendieron al Estado, el mismo Estado los abandono; esa realidad está a la vista y no se trata de polarización ideológica romántica, pues quienes conformaron los cuadros de tropa del ejército no son de derecha, ni quienes integraron los cuadros operativos de la guerrilla fueron de izquierda; ellos solo fueron instrumento de maliciosos guatemaltecos con aspiraciones de poder y recursos, aprovechándose de la humilde condición de quienes se enfrentaron a sangre y fuego.
Los exsoldados guatemaltecos en su momento fueron agarrados, subidos a un camión, llevados a un centro de entrenamiento militar y luego desplegados a primera línea de combate, muchos sufrieron lesiones, mutilaciones o en el peor de los casos perdieron la vida; gracias a esa tropa, ejercemos los derechos que nos otorga el sistema político, incluyendo la oportunidad de escribir esta columna con relativa libertad. Si todo ello no le pesa al Estado y a los guatemaltecos en general y resarcir a los mismos, a sus padres, hijos o viudas, esta demanda estará vigente y cada vez con más firmeza. El tema mantiene en expectativa a quienes fueron soldados, que en un altísimo porcentaje son del interior del país y a quienes los programas de resarcimiento y atención no voltearon a ver, como que no fueran guatemaltecos que se vieron obligados a enfrentarse a otros guatemaltecos, ambos seguramente nunca tuvieron claro por que luchaban.
Los exsoldados han visto con razonable desconfianza el desfile de políticos, implorando el voto de veteranos militares cuando se acercan las elecciones generales, en virtud de ser una respetable fuerza electoral, lo que ha alimentado esta justa demanda que puede explotar y sumarse a la compleja situación sociopolítica del país. Ante tal situación social una comisión gubernamental se ha comprometido con algunas asociaciones de veteranos a gestionar tales demandas, veamos cómo reaccionan los exsoldados y los actores involucrados en tal compromiso gubernamental.
