Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El pasado sábado nuestro editorial se refería a la cacareada Ley de Infraestructura Vial que presentan como la solución mágica al problema de la corrupción que ha permitido que toda obra de infraestructura sea un auténtico mamarracho con sobre precio y de mala calidad, porque lo que cuenta son las maletas de pisto que se pueden llenar con cada uno de los contratos que se firman entre las autoridades y los constructores. Y decía el editorial que hay que recordar que hecha la ley, hecha la trampa lo que significa que aún la legislación con las mejores intenciones (utopía si hablamos de nuestros legisladores) termina siendo manoseada cuando todo el resto del sistema sigue inmerso en la porquería y alentando la corrupción.
Hoy en Prensa Libre el columnista José Santiago Molina, quien alguna vez me visitó en La Hora como representante gremial de los productores de Palma Africana, elogia el proyecto de ley presentado por sus compañeros del CACIF y se congratula porque la inminente aprobación de la norma cambia la legislación “para que las carreteras puedan ser construidas al costo real y puedan ser mantenidas al costo correcto y frecuencia que debe ser. Es obsoleto y corrupto el modelo que existe. Eso es válido para autopistas y carreteras de doble vía de asfalto o concreto y para carreteras de terracería”.
En realidad no hay nada que objetar a esa aspiración que expresa don Santiago, pero él mismo nos recuerda, párrafos más adelante, que pasa con leyes dizque bien intencionadas al ser aplicadas por los pícaros de siempre. Refiriéndose al mantenimiento expresa que “en el gobierno de Arzú se creó Covial cuando el partido de gobierno tenía mayoría en el Congreso (1966-2000). El diseño fue bien hecho, pero con el tiempo se fue dando el dicho hecha la ley, hecha la trampa”.
Ignoro qué impulsa el optimismo de los promotores de la Ley de Infraestructura Vial si, como dice el mismo Molina, ya comprobaron que por bueno que sea el diseño de una ley, la misma se convierte al final en tapadera de actos de corrupción si se tiene que aplicar en medio de sistemas que no valoran la supervisión ni la rendición de cuentas. Tristemente para combatir la corrupción no bastan las buenas intenciones sino que debe haber una correcta y estricta aplicación de la ley porque es la única forma en que los pícaros lo pensarán dos veces antes de meterse a honduras. Pero mientras los mismos promotores de la nueva Ley estén alentando al Congreso para que elija a las Cortes que pactó Gustavo Alejos, no se puede nadie hacer ilusiones sobre los efectos que tendrá esa nueva normativa para regular las contrataciones de obras y de su mantenimiento porque seguirán siendo los mismos oferentes, es decir aquellos que según Sinibaldi no son víctimas de la corrupción sino sus impulsores, y seguirán decidiendo los mismos políticos que son los encargados de llenar las maletas. Y, para poner la tapa al pomo, la Contraloría seguirá siendo tan inútil y el Ministerio Público ahora se esmera en ser cordial con esos políticos que disfrutan rempujando billetes en su equipaje.
Lo raro es que sabiendo que hecha la ley, hecha la trampa, don José Santiago Molina crea que ahora sí hicieron una ley inmune a ese triste principio.
