Ocupados como estamos en la sociedad por el debate derivado de la arremetida para consolidar la captura del Estado para que sirva a oscuros intereses, dejamos a un lado temas tan graves y fundamentales como el de la inseguridad alimentaria y el efecto de la desnutrición crónica. Ayer la FAO difundió datos, antes de la realización de su Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, que desnudan la dramática situación guatemalteca donde 3.1 millones de personas viven en condiciones de grave inseguridad alimentaria mientras nuestro país es el segundo del mundo con la mayor prevalencia en el retraso de crecimiento en menores de cinco años de edad.
Esos números debieran no sólo avergonzarnos sino ser el acicate para que como sociedad pongamos atención a la forma en que afecta la pobreza directamente a tantas personas. Y es que hace muchos años que el Estado perdió su sentido de ser promotor del bien común y ocuparse de las necesidades de sus habitantes pues cayó en las redes de grupos que únicamente buscan su propio beneficio, sea mediante el burdo saqueo de los recursos públicos o mediante la acumulación de privilegios a costa del bienestar del resto de la población.
Cuando hablamos de la corrupción derivada de la captura del Estado tenemos que medir sus consecuencias en términos de lo que ocurre con la población menos favorecida. Y por ello es que Guatemala es uno de los países que no logra reducir en absoluto los números de la pobreza y la falta de oportunidades. No deja de ser una muy cruel paradoja que la economía del país subsista por el esfuerzo de aquellos que se vieron forzados a emigrar en busca de trabajo en Estados Unidos y que son quienes, con su sacrificio y esfuerzo, envían el dinero que mueve y sostiene el mercado nacional.
Cuando hablamos de inseguridad alimentaria y del retraso en el crecimiento de menores de cinco años de edad estamos hablando de pobreza extrema, de condiciones verdaderamente dramáticas que no debiéramos olvidar en ningún momento, ni siquiera en medio del álgido debate por rescatar la institucionalidad y detener el avance de las mafias que tienen secuestrado al Estado.
Es cierto que ambos problemas están estrechamente vinculados y que sin resolver el segundo no se podrá avanzar en el urgente y grave desafío de la pobreza. Pero pasar por alto esa realidad es criminal y la ciudadanía, o lo que queda de ciudadanía, debiera exigir respuestas para atajar ese drama cotidiano que afecta a tantos guatemaltecos que viven en condiciones de penuria.
