Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Como dije esta semana, toda la situación generada en la Corte de Constitucionalidad parte de la tesis de que el magistrado Neftaly Aldana está incapacitado de manera irreversible por un accidente cerebrovascular. Los familiares pidieron que fuera suspendido en sus funciones pero los abogados que asesoran a empresarios, diputados y por lo visto al mismo gobierno, sostienen que lo que procede es separarlo del cargo inmediatamente por su incapacidad mental. Así lo dijo uno de esos abogados en un programa radial esta semana, pasando por alto cínicamente que cualquier declaración de incapacidad tiene que cumplir con ciertos y determinados requisitos. Dijo que el asunto se debe resolver como él sugiere “ya, sin más trámite” porque, según sostiene, se trata de un caso obvio.
Ayer se supo que en el pleno de la CC ahora se tiene que conocer un informe médico nuevo y pienso yo que con base en el mismo procede realizar los procedimientos legales para determinar si la condición del magistrado Aldana es en realidad una condición de incapacidad irreversible o si, por el contrario, puede ser una enfermedad pasajera, en cuyo caso importa saber la estimación médica del tiempo de recuperación.
Solo el que a un leguleyo se le ocurra que hay que declarar incompetente legalmente a alguien no basta para que se tome una determinación de ese calibre, sobre todo tomando en cuenta que está en juego el respeto al mismo Estado de Derecho que es lo que se intenta atropellar con la actitud de los tres magistrados suplentes que están boicoteando la realización del pleno, siguiendo el consejo de ese tipo de “expertos” que pontifican descaradamente para emitir opiniones que pretenden dar respaldo legal a la difícil tarea que se han impuesto los miembros de la CSJ, conformada por el acuerdo entre Baldizón y Sinibaldi, el gobierno y los diputados de la alianza oficialista que están empeñados en descabezar a como dé lugar a una Corte de Constitucionalidad a la que no han podido reducir a su peculiar orden.
He insistido que para declarar una vacante en alguno de los órganos jurisdiccionales alegando incapacidad mental es necesario disponer de pruebas fehacientes de que esa condición existe y que es irreversible. No basta con que a alguien se le ocurra que así debe ser y que se tiene que proceder sin más dilaciones, como recomendó el abogado aquel que les viene sirviendo desde cuando se promovió la reforma constitucional que aniquiló la capacidad de la banca central de otorgar préstamos al Estado, derivando en que ahora toda la deuda interna se genera con los bancos del sistema.
Creo fundamental entender que el Estado de Derecho no es cosa de juego ni puede manosearse de manera irresponsable porque eso nos pasará factura a todos tarde o temprano. Estamos viendo los notorios avances del crimen organizado que se relame al pensar que con un sistema judicial como el que hay en Guatemala pueden operar a sus anchas porque basta hablar con los que lo manejan y controlan para operar impunemente.
Por ello el capricho de no elegir Cortes y de querer desmantelar a la CC es un juego muy peligroso que nos puede salir muy caro.
