El inicio de nueve expedientes administrativos en el Ministerio Público contra la Fiscalía Especial Contra la Impunidad encendió todas las luces de alarma, tanto en Guatemala como en otros países que siguen con detenimiento lo que está sucediendo aquí en términos de avances del crimen organizado, porque existe una seria preocupación por diversos hechos que indican la intención de reducir a su mínima expresión a esa importante Fiscalía que ha realizado trabajos para poner en evidencia el proceder de importantes miembros de organizaciones criminales que trabajan con ahínco para afianzar la cooptación del Estado.
La divulgación de la noticia consignando esos “procedimientos administrativos” generó una reacción del Ministerio Público que utilizó las redes sociales para “explicar” que no existe ningún plan para destruir a la FECI y que se trata de trámites burocráticos obligados por las denuncias que los investigados por esa fiscalía han presentado en contra de Juan Francisco Sandoval y de varios de sus colaboradores. Pero hay que recordar que uno de esos procedimientos fue el que iniciaron los mismos asesores de Consuelo Porras que regañaron a la FECI por no ser “cordial” con el Presidente de la República y con la Secretaria General de la Presidencia, como si las fiscalías fueran agencias de relaciones públicas y no entes encargados de la investigación criminal.
Y decimos que están jugando con fuego porque en Guatemala y en otros países que se preocupan mucho por lo que ocurre aquí, se reconoce el papel de la FECI y se entienden a la perfección las contradicciones que hay entre el trabajo de esa fiscalía con la línea de trabajo que emana de la Fiscal General. Preocupa mucho la forma en que se manoseó la Fiscalía de Delitos Transnacionales para convertirla en el cajón del olvido, a donde irán a parar todos aquellos casos por los que no hay que correr, de la misma manera en que existen otras fiscalías que corren y hasta trabajan horas extras y fines de semana para perseguir a la gente que odia la Fiscal General de la República.
Insistimos mucho en la preocupación internacional porque es algo que nos debe preocupar y mucho, toda vez que si ya estamos en la mira por la debilidad de nuestra institucionalidad para contener el narcotráfico, imaginemos lo que puede venir cuando quede totalmente demostrado que desde las más altas instancias existe una política de debilitamiento de las instituciones para dejar el campo libre a la impunidad que no sólo sirve a políticos y particulares corruptos sino también a los que realizan ilícito comercio.
