Se está sentando un precedente en el país que puede tener gravísimas consecuencias. Supongamos que de aquí en adelante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad pueden decidir, según su propio criterio, cuándo atienden citaciones para integrar el pleno y conocer de los casos que se presentan ante esa instancia. Basta cualquier colusión entre magistrados para mantener asuntos de competencia de la Corte en un limbo porque si seis de ellos, entre titulares y suplentes, deciden que no integrarán el pleno para resolver sobre una petición de Amparo, por ejemplo, no hay forma de que se pueda decidir si existe o no violación de derechos y garantías constitucionales.
Cualquiera pensaría que en esas condiciones lo que procede es que se inicie proceso en contra de los que así actúan por el notorio incumplimiento de deberes porque según la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, están obligados a integrar el pleno aún y cuando alguno de ellos pudiera tener causal para excusarse. Si es necesaria la conformación del pleno hasta se puede hacer un sorteo entre quienes se hayan excusado y el designado tiene obligación de integrarse.
Pero resulta que el ente encargado de la persecución penal en el país es parte de la jugada que pretende la cooptación de la Corte de Constitucionalidad que se ha vuelto tan molesta para el pacto de los corruptos y en consecuencia la Fiscal General simplemente está vigilando la situación sin mover un dedo para obligar a que se produzca el necesario cumplimiento de deberes. Ello facilita la conspiración en marcha, que arranca con el acoso brutal a la familia del magistrado Neftaly Aldana y se complementa con el abierto y descarado gesto de tres magistrados que, mediante un comunicado, informan que no integrarán el pleno de magistrados, como si el asunto fuera una opción y no un deber y harta obligación.
En plena pandemia estamos viviendo una seria crisis constitucional provocada precisamente por la actitud de esos tres magistrados que se resisten a integrar el pleno, sin que exista en la legislación ninguna norma que respalde su actitud prepotente y berrinchuda. Alegan que en la CC faltan los “representantes” del poder judicial y del Colegio de Abogados, olvidando que los magistrados no son representantes de la entidad que los designa. Pero ese es el nivel de los magistrados nombrados por Jimmy Morales, demostrando su desconocimiento de las mismas normas que regulan a la CC pero también un cinismo descarado para justificar la comisión de un delito facilitado por la indiferencia y complicidad del Ministerio Público.
